En días pasados los dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Anuar Azar, Eric Sevilla y Agustín Barrera respectivamente, se reunieron para dialogar sobre los gobiernos de coalición. En su momento, el dirigente de Acción Nacional expresó la necesidad de legislar sobre esta figura ante el embate presidencialista y el autoritarismo, en tal sentido, consideró necesario implementar esta forma de gobierno en la legislación correspondiente.
Por su parte, Eric Sevilla comentó sobre la importancia de tener un programa claro para integrar a personas de varios partidos políticos en los respectivos gobiernos y legislar sobre los procedimientos, facultades y en su caso disolución de esta figura jurídica. En su intervención, el dirigente del PRD habló sobre el impacto que causan los gobiernos de coalición y coincidió en que deben ser considerados en la legislación estatal.
Los gobiernos de coalición básicamente corresponden a regímenes parlamentarios como en Europa, donde hay países que tiene más de 50 años con un gobierno de esta naturaleza. Esto obedece a que los titulares del ejecutivo suelen ser los jefes de los partidos que logran el mayor grupo parlamentario, ellos mismos forman parte del Parlamento, y negocian la integración del gobierno con los partidos minoritarios para formar coaliciones que permitan gobernar con equilibrios.
En México tenemos un régimen presidencialista donde se elige al titular del poder ejecutivo y a los legisladores, por voto directo, en elecciones diferentes. Entre 1997 y 2018 tuvimos gobiernos divididos, es decir, ningún partido alcanzaba la mayoría necesaria para controlar el Congreso de la Unión, especialmente la Cámara de Diputados. Por cierto, esta característica se rompió en 2018 cuando los electores dieron al partido del presidente suficientes escaños para, con la cláusula de gobernabilidad, lograr el control de la Cámara de Diputados.
En los países de régimen presidencialista las coaliciones gobernantes no han sido implementadas. Por ejemplo, y no obstante que desde el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el ejecutivo federal podría adoptar esta figura para integrar gobierno, hasta ahora, no se ha legislado en las leyes secundarias correspondientes. Los gobiernos de coalición establecidos en nuestra legislación federal son una facultad de los titulares de los poderes ejecutivos en los tres ámbitos de gobierno.
En México conocemos las coaliciones electorales, incluso las alianzas parlamentarias cuando los partidos políticos actúan en bloque en algún momento político o a partir de alguna iniciativa que se vota a favor o en contra. Como explicábamos para los países europeos, un gobierno de coalición es el compuesto por dos o más fuerzas políticas que conformar mayoría, supone gabinetes plurales que generan equilibrios internos y mejor rendición de cuentas. Diego Valadés llama a este arreglo “la racionalidad del poder” y es lógico para una sociedad plural y multicultural que el gobierno sea el reflejo de diversas formas de pensamiento.
Estos gobiernos surgen de una negociación política y pretenden la estabilización de las funciones propias del Estado. Deben proponer una agenda para acciones de gobierno, no se deben confundir con las coaliciones electorales cuya única función es el proceso electoral en sí mismo. Para que sean un proceso de ganar-ganar, y con esto me refiero tanto a la sociedad, como a la forma de gobierno, es necesario que se establezcan los mecanismos del convenio y exista una comunicación adecuada entre los partidos políticos que se pretendan coaligar en el gobierno. Tengamos presente que PAN, PRI y PRD han competido con la alianza “Va por México”, mientras Morena, Verde y PT compiten con la alianza “Juntos Hacemos Historia”, para ambas coaliciones electorales, y otras en caso de que se integraran, sería conveniente un marco jurídico que regule, con transparencia y pleno acceso a la información, los pasos para coaligarse en el gobierno.
Debe quedar claro ante los ojos de la opinión pública las pautas de comportamiento interno que los partidos tienen y no dejar sólo a las cúpulas las negociaciones en “lo oscurito”. La legislación debe contemplar los programas de gobierno y con esto evitar cualquier crisis de gobernabilidad. Se necesita establecer controles políticos como el voto de confianza que deberá tener el ejecutivo, sea estatal o municipal (en el caso del EdoMéx), la interpelación para que cada partido de la coalición cumpla con el objetivo de gobierno o bien la moción de censura para determinar que un funcionario pueda ser removido cuando no cumpla con las expectativas. Los partidos coaligados deben, por lo tanto, tener y presentar a la opinión pública indicadores de desempeño, tal es el caso de metas y logros esperados. Todo esto tendrá que plasmarse en un plan de desarrollo estatal o municipal.
Los gobiernos de coalición deben permitir desdoblar programas a todos los sectores de la población sin distinción partidista y buscando fortalecer capacidades de las personas para mejorar su nivel de vida, no sólo obtener votos. Es también pertinente considerar que tal vez no sean la solución a todos los problemas que enfrentamos las/os ciudadanas/os, pero es quizá una herramienta adecuada que pone en nuestras manos la posibilidad de romper el monopartidismo con el que hemos vivido o la opacidad de la toma de decisiones autoritarias de un solo hombre. Es una herramienta que, si sabemos sacarle provecho, nos fortalecerá como ciudadanas/os en beneficio de nuestros intereses.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
