Una realidad ineludible que observamos en el actual gobierno es que su modelo de desarrollo, basado en la centralización del poder y la dirección estatal de la economía, ha alcanzado su límite operativo. Por el estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB), la contracción de la inversión y la presión asfixiante de la deuda pública heredada, aunados a la volatilidad de la relación bilateral con los Estados Unidos, no se podrá retomar la senda del crecimiento sin antes restaurar la confianza en sus instituciones democráticas.
Por lo tanto, la reforma electoral que se discute en los pasillos de Palacio Nacional y en la bancada de Morena en el Congreso no debe ser un instrumento de consolidación hegemónica, sino la piedra angular de un nuevo pacto por la estabilidad y la prosperidad.
El Plan México, a un año de su lanzamiento, ha sido evaluado por técnicos expertos independientes y el análisis de la coyuntura actual arroja resultados alarmantes que desmienten el optimismo oficial. De las trece metas ambiciosas, desde elevar la inversión por encima del 25 % del PIB hasta posicionar la economía mexicana entre las diez más grandes del mundo para el año 2030, los datos del tercer trimestre de 2025 muestran una contracción del PIB de -0.2 % anual. La inversión total disminuyó en 4.6 %, cifra que refleja incertidumbre regulatoria e institucional.
La pérdida de dinamismo en manufactura es quizá el síntoma más doloroso de este fracaso. En 2025 se perdieron 127,200 puestos de trabajo, cifra que evoca los peores momentos de la crisis de 2008-2009. La reciente reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con un selecto grupo de economistas sugiere que el gobierno reconoce, al menos en privado, que la economía no está respondiendo a los estímulos planeados en el Plan México.
Los economistas reunidos en Palacio Nacional han sido enfáticos: sin una reforma fiscal que fomente la inversión y un cambio radical en la política de Petróleos Mexicanos, para permitir la participación privada en la explotación y refinación, el estancamiento será la norma de este sexenio.
En la percepción estadounidense, México no tiene control sobre su territorio debido al poder de las organizaciones criminales, que se ha convertido en el principal obstáculo para que el país capitalice la relocalización de empresas asiáticas. Este es el escenario de debilidad interna y presión externa en el que la presidenta Claudia ha decidido impulsar una reforma político-electoral de gran calado. Es imperativo advertir que la naturaleza de esta reforma determinará si México se encamina hacia una recuperación económica real o hacia una concentración de poder que ahuyentará definitivamente al capital global.
El costo de la democracia en nuestro país, aunque elevado en términos nominales, es una póliza de seguro contra la inestabilidad política, el riesgo de conflictos poselectorales y de decisiones legislativas unilaterales que puedan vulnerar derechos de propiedad y tratados internacionales.
La verdadera reforma electoral que México necesita para crecer es aquella que fortalezca el Estado de derecho y restablezca la confianza en las instituciones autónomas. El crecimiento económico es producto de una coordinación social eficiente que solo es posible cuando existen reglas claras y compartidas en la convivencia política. Cuando las instituciones políticas fallan o son percibidas como herramientas de una facción, los costos de transacción se disparan, la incertidumbre jurídica se vuelve la norma y la inversión huye hacia mercados más predecibles.
Necesitamos un sistema político que permita la competencia equitativa, participativa e incluyente, que no es un lujo, sino un requisito para el desarrollo. La inclusión de las propuestas de los opositores en el diseño institucional garantiza que las políticas económicas no oscilen de manera violenta cada seis años. La pluralidad del Congreso debería obligar a la negociación y al consenso, que a su vez detonaran reformas legítimas y permanentes que decisiones unilaterales nunca alcanzarán.
Desde el análisis económico institucional, autores clásicos han demostrado que no existen países ricos con malas instituciones políticas. Las instituciones son las reglas del juego que determinan los incentivos para invertir, innovar y trabajar.
La presidenta debe entender que la reforma electoral es su mejor oportunidad para enviar un mensaje de certidumbre a los mercados. Una reforma con contrapesos, que dé voz a las minorías y que fortalezca la independencia del árbitro electoral, será interpretada por los inversionistas nacionales y extranjeros como un compromiso a largo plazo con la estabilidad.
El desarrollo humano integral no es posible sin libertad política y sin la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan su sustento. El crecimiento económico de México no vendrá de más decretos industriales o de sustitución de importaciones forzadas, sino de la certidumbre que genera una democracia vibrante e incluyente. Es tiempo de que el humanismo y la economía se encuentren en el terreno de la pluralidad política.
