En la cámara de diputados se están llevando a cabo foros para analizar las diversas propuestas de reforma electoral, una presentada (en solitario) por el titular del ejecutivo federal y otras presentadas por dos partidos políticos de oposición. He notado que no se da la suficiente importancia a cómo llegamos a la ley vigente. Para quienes llevamos muchos años en la vida político-electoral tenemos presente cómo eran las elecciones cuando no existía INE (originalmente IFE): fraudes constantes, impunidad de delincuentes electorales, los muertos votaban, se arrebataban triunfos legítimos, los colegios electorales eran una simulación, las prácticas deshonestas (urnas embarazadas, ratón loco, carrusel) era lo común sin importar las quejas de los partidos opositores o de las/os candidatas/os ni de las/os ciudadanas/os.
Las reformas costaron vidas y muchísimo esfuerzo para contener el fraude electoral. Aún tengo presente el grito de “¡Repudio total al fraude electoral!”. Las reformas legales que nos llevaron a la democracia se dieron después de una larga historia, tantas como fraudes se cometían. La lucha de negociación política fue un camino nada fácil, pero los partidos y ciudadanas/os encontraron en cada proceso oportunidades de mejorar el marco jurídico.
La reforma presentada por el presidente, primera unilateral, sin la opinión de nadie más, da la impresión de querer retroceder a los tiempos donde el gobierno controlaba todos los procesos, desde la selección e imposición de candidatos y ganadores y, por supuesto, quiere callar a los partidos que no están en el poder y a todos los actores políticos que no concuerdan con el pensamiento oficial.
En el pasado proceso de elección interna, llevado a cabo por Morena, diversas voces señalaron el cúmulo de incidentes violentos y de prácticas propias de hace 40 o 50 años. Sorprende que los mismos militantes de izquierda alzaron su voz para denunciar las prácticas indebidas. Ricardo Monreal, Gibrán Ramírez y hasta John Ackerman relataron sus experiencias en esas jornadas. Por cierto, falta que se den los resultados oficiales, pues por el número de irregularidades pueden anularse múltiples procesos. No olvidemos que todos estos acontecimientos se dieron en el contexto de la “discusión” de la reforma electoral.
La experiencia nos ha dejado un aprendizaje claro: el proceso de reforma electoral no debe ser una apuesta de todo o nada. Hay elementos que merecen ser analizados, siempre con el objetivo de perfeccionar las reglas del juego electoral. Enumero algunos que me parecen relevantes:
Del PAN: la nulidad del proceso electoral cuando se demuestre la participación del crimen organizado, la elección de diputados de representación proporcional en dos listados de manera regional incluyendo a los más altos porcentajes que no ganaron en un distrito, en los gobiernos de coalición que el Senado ratifique secretarios de Estado, la necesaria mayoría absoluta para elegir al presidente, segunda ronda de votaciones el mismo día del proceso.
Del PRI: reducción de diputadas/os de 500 a 300, segunda vuelta electoral para la elección presidencial, crear la vicepresidencia para atender la política interior, combate a la injerencia del crimen organizado, voto en urna electrónica.
Del presidente de la República: elección de consejeras/os electorales y magistradas/os del tribunal por voto popular, reducir financiamiento al INE, federalización de elecciones, reducción del número de diputadas/os de 500 a 300 y de senadoras/es de 128 a 96, implementación del voto electrónico.
Como se puede observar hay algunas propuestas similares, como la disminución de legisladoras/es e implementación del voto electrónico; otras francamente opuestas y retrogradas como la elección de consejeras/os y magistradas/os por el voto popular. Sin embargo, encuentro algunos vacíos que no se están planteando, especialmente en favor de las/os ciudadanas/os, por ejemplo: facilitar la creación de nuevos partidos políticos y las candidaturas ciudadanas, incluso facilitar que ciudadanas/os, sin mayor trámite, soliciten a un partido la posibilidad de competir con su registro sin que el partido se niegue a ello, esto último porque los partidos son entidades de interés público y deben constituirse en instrumentos de las/os ciudadanas/os para ejercer sus derechos políticos.
También considero conveniente que el INE regule, supervise, y en su caso sancione, los procesos internos de los partidos que suelen enfrentar diversas dificultades. Quizá elecciones primarias en cada partido disminuirían la conflictividad que hemos observado hasta ahora. Es necesario también impulsar más herramientas para que la autoridad electoral investigue y sancione la simulación financiera y de obtención de recursos más allá de los autorizados legalmente. En suma, necesitamos partidos más democráticos y más transparentes.
De no rescatar nuestros procesos electorales para hacerlos más atractivos a las/os ciudadanas/os, entonces estamos dejando que las elecciones sean una conflagración sin escrúpulos, como las que caracterizaban al viejo régimen. No permitamos “el poder sin principios y los principios sin poder”. Venturosamente, las elecciones cada vez son más competidas y con márgenes de victoria cada vez más cerrados, por estas razones la ley necesita actualizarse para favorecer la legalidad y elegir candidatas/os cada vez más legitimadas/os. No debe existir un desacoplamiento entre la normatividad electoral y la práctica de operadoras/es políticas/os. Hoy en día tenemos dos mundos: por un lado, la normatividad electoral y por el otro, el oscuro terreno de la operación política, no siempre honesta.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
