A estas alturas la reforma judicial ha sido publicada. Inicia una etapa muy complicada para las y los ciudadanos que deseamos vivir en democracia y en un régimen de libertades. Hemos regresado cerca de 90 años en la lucha democrática cuando el principal reto era disminuir la concentración del poder en la presidencia de la República y acabar con el régimen de partido hegemónico y con el autoritarismo. Muchas personas dieron alma y corazón, incluso su vida (muchos militantes de la izquierda), por lograr un país donde la democracia fuera, justo eso, una forma de vida.
México 2024. Los Yunes, padre e hijo, pasarán a la historia como los grandes traidores a la patria. Admito que la situación actual evidencia una crisis de ética y moral que incluye a dirigentes partidistas. La verdad, todos mal, unos por tener cuentas que rendir ante la justicia y otros porque, a sabiendas de que así era, los designaron en fórmula para no tener dudas de que las decisiones se quedaran en casa. Y, luego, la cereza del pastel, otros más utilizaron esa información para chantajear, extorsionar y obtener votos. Tristemente, no fueron los únicos traidores. Diversos diputados locales de la oposición votaron en favor de la destrucción disfrazada de reforma. Con esta crisis ha quedado sepultada la honorabilidad que aún quedaba de los dirigentes, quienes antes, al conocer un delito de sus correligionarios, eran los primeros en exhibirlos, denunciarlos, solicitar su investigación y en su caso sancionarlos. Hoy, en algunos casos, los designan candidatos.
También es válida la pregunta ¿los legisladores estarían obligados a votar de acuerdo con su plataforma electoral o a partir de las negociaciones que hacen sus dirigentes? Conste que no siempre tienen el consenso del grupo parlamentario… Esta es la cuestión: disciplina o lealtad. La partidocracia exige cumplimiento a la plataforma (a veces), exige la votación en favor de acuerdos políticos (cuando les conviene). La cosa es que parece cuestionable que sea lícito imponerles un criterio cuando no lo comparten.
¿Cuándo entonces un legislador puede ejercer su voto de conciencia? ¿Existe un argumento moral y/o legal para la exigencia del cumplimiento de la plataforma que votaron las y los ciudadanos o puede un grupo de interés ejercer tanta presión sobre un legislador para que cambie su opinión y favorezca determinados intereses particulares? Tengo para mí que la respuesta es relativamente simple: el bien común debe estar por encima de la situación personal que enfrente cada legislador.
Las y los buenos ciudadanos deben votar en conciencia, idealmente, después de haberse informado sobre las ofertas políticas. Es natural que exista un conflicto en quienes votan a favor de su conciencia o buen juicio, pero llegan a chocar con intereses ajenos al bien común y/o madurez ciudadana. Influye, claro, la compra de voto y la manipulación de un partido político o líder que chantajean a las y los electores con la posibilidad de recibir prebendas por su voto. Incluso si una persona milita en un partido también debe conocer qué implica un voto a favor de una propuesta contraria al bien común.
Así, el voto de un legislador se convierte en la cumbre de la crisis moral y ética de un proceso que aprobó, sin análisis, una reforma judicial. Es la punta del iceberg, donde la perversión o distorsión de los principios se lleva a niveles superiores. Un legislador debe votar siempre a favor de su conciencia, simplemente para ver de frente a sus electores. Si su partido sostenía una visión respecto a la reforma judicial y el candidato se comprometió con esa propuesta, resultaría moralmente inválido cambiar su voto hacia una propuesta diferente y se confundiría con intereses propios de quienes le hicieron tomar esa decisión.
Es común que los grupos parlamentarios tengan sesiones en las que debaten y analizan iniciativas de ley para acordar la estrategia y decidir si se votan a favor o en contra. Es allí, una vez tomada la determinación de sentido del voto, donde es recomendable expresar, siempre desde el primer momento, un voto particular o, en su caso, la objeción de conciencia. No se vale, en serio no se vale, presentar objeciones después, es en ese momento y se hace del conocimiento de los compañeros legisladores, de la dirigencia y, por supuesto, de las y los ciudadanos.
Como sea las y los legisladores de la oposición y sus dirigencias le fallaron a la justicia, a la democracia y a México, además evidenciaron la crisis moral partidista y gubernamental. Finalmente, si un juez había dictado la suspensión de la publicación y aun así se hizo, ¿es el ejemplo de que así impartirán justicia los jueces electos por votación, sin respetar el estado de derecho? ¿Y nosotros? Me refiero al grueso de las y los ciudadanos, militantes o no de los partidos, ¿qué hacemos? Quienes nos consideramos demócratas también somos oposición. Así que tenemos la responsabilidad de mostrar nuestra capacidad para disentir, para debatir, aprenderla de ser preciso. Tenemos que apostar por la libertad de crecer y desarrollarnos, no claudicar en la lucha, no rendirnos. Es tal vez la última oportunidad para reconstruirnos como una sociedad libre y empujar a que los partidos aprendan a organizarse con las y los ciudadanos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
