Fernando Farías Laguna fue expulsado de Argentina en un movimiento jurídico que pocos esperaban, toda vez que el ex contralmirante de la Marina mexicana había solicitado a través de su defensa asilo político en el país sudamericano. Las relaciones diplomáticas entre aquel país y México no pasan por su mejor momento debido a las marcadas diferencias que existen entre sus presidentes. Aunque se ha dicho que no es un asunto que se resuelva por la vía diplomática, sino a través de los tribunales de justicia, no puede pasar por alto que en la realidad sí tienen mucho que ver los acercamientos que se den al más alto nivel entre naciones. Por esta razón, no se debe descartar la intervención de las autoridades estadounidenses para que se aligerara el requerimiento mexicano para que el ex marino fuera finalmente enviado a suelo azteca.
El viaje hacia Argentina del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, marca un episodio aparte por su posible intervención para que se diera ese acercamiento, ya que casualmente se distendió la postura inicial; en política no existen las casualidades. De la misma forma, como tampoco pudo haber sido casual cuando la mandataria Claudia Sheinbaum se acercó a la morada de su líder moral en un momento crítico, y que desde luego, ella negó. Pero, seamos serios, ¿cuándo un político va a aceptar algo que no le conviene?
¿Por qué era importante traer al país al contralmirante?
Es esa la pregunta central de todo el asunto. Para responderla, es necesario observar el entorno mediático que se desató en el país, porque la atención la ha estado absorbiendo el regreso-retiro del gobierno del estado de Sinaloa de Rubén Rocha Moya; después, los escándalos de Andrés López Beltrán (Andy), y el descarado regreso del senador Enrique Inzunza Cázarez. Sin olvidar, por supuesto, el desatino que exhibió Andy en una larguísima carta aparentemente dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en razón de que le retiraron el privilegio que otorga una visa americana para poder entrar legalmente al país del tío Sam.
Las razones que se han ofrecido por parte de los norteamericanos deberían dejar muy claro el porqué de la suspensión de esa autorización. Repiten constantemente: no es un derecho, es un privilegio. Y, por supuesto, ellos deciden a quién dárselo y a quién no. Nadie, en ningún lugar del mundo, podría discutir eso.
Pero se ha montado un gran espectáculo en torno a una determinación que por fuentes periodísticas ya lo sabía el mencionado “Andy” desde el mes de mayo, cuando no pudo ingresar a suelo americano. Entonces, ¿por qué hasta después fue que a través de la mencionada carta se hace todo un escándalo? Está claro que la decisión de los vecinos del norte ya está tomada y que probablemente se deba a que el aludido se encuentra siendo investigado; entre otras cosas, por defraudación fiscal. Entonces, la misiva claramente no iba dirigida a Trump, haya sido o no “Andy” quien la escribiera, sino que esta fue dirigida a las bases morenistas. Tocar el sentimiento patriótico para enfundarse en la casaca de héroes y defender la tan manoseada “soberanía nacional” en contra del “injerencismo” extranjero.
Lo anterior viene a cuento porque no solo López Beltrán, sino también el senador Adán Augusto López se encuentran en el centro del ojo del huracán. Las investigaciones de los gringos les pisan los talones, pero el problema no son ellos únicamente, sino que es una gran espiral que involucra a muchos otros funcionarios en el descomunal asunto del “huachicol fiscal”.
Los hermanos Farías Laguna aparecen muy convenientemente como los posibles “chivos expiatorios” para exculpar a los importantes políticos. Uno, hijo del expresidente Andrés López Obrador, y el otro, su hermano por convicción, como lo declaró aquél con respecto al senador. Lo más peligroso para el régimen es que el agua llegue incluso hasta el mismísimo oriundo de Macuspana, y es cuando se encienden todas las alarmas de alerta, porque, de ser el caso, Morena, Partido Verde, el Partido del Trabajo y todo el aparato gubernamental sufrirían las consecuencias.
No es cosa menor, puede tratarse del posible terremoto que agite a todo el régimen que enfrenta acusaciones serias de que se impuso a través de trampas y contubernios para asegurarse el poder; lo que se ha documentado, pero no se ha investigado. Aunque las autoridades encargadas supuestamente de investigar han repetido en múltiples oportunidades que no se han comprobado actividades ilícitas en contra de los aludidos. Como en el caso de Rubén Rocha Moya, que hasta regresó al gobierno de Sinaloa desafiando al presidente Trump, para continuar con su mandato, y que más bien se trató de una envalentonada breve, ya que nadie lo respaldó y terminó por solicitar licencia de nuevo. Aunque pudiera parecer cómico, no lo fue. Nadie podría creerlo, pero así sucedió. Eso impuso una crisis monumental en el gobierno, todo. Pero Inzunza ha desatado la segunda parte, aunque declarado independiente, nadie le cree el aparente alejamiento del régimen.
Entonces, conviene al gobierno de México enfocar al contralmirante Fernando Farías Laguna, que, junto con su hermano, serían elegidos para responder por el espinoso delito mencionado, dejando de lado a los demás sospechosos. Solo que habría que preguntar: ¿quién va a creer que dos mandos medios de la Marina lograran que puertos, aduanas, secretarías de Estado y todos los implicados obedecieran sin chistar sus órdenes? ¿De verdad tenían tanto poder, más que el secretario de Marina, su tío, o algún otro?
Es razonable entonces preguntar: ¿a cambio de qué intervino el gobierno gringo para que se agilizara el traslado de Fernando Farías a México?
