Hay casos que duele ver, incluso duele imaginarlos, pero aunque duelan no se pueden ignorar y es necesario hablarlos, tal es el caso de las personas desaparecidas o no localizadas.
Imaginemos que una madre llega al Ministerio Público la misma tarde en que su hijo no volvió a casa, y ahí le dicen que regrese en unos días porque todavía es muy pronto para buscarlo. Es importantísimo aclarar que esa espera no existe en ninguna ley mexicana, y de hecho la ley ordena justo lo contrario.
Cuando hay sospecha de que a alguien lo desaparecieron, el juez de amparo tiene como máximo 24 horas para atender la demanda, ordenar que se proteja a la persona y pedir toda la información que ayude a encontrarla. La misma ley prohíbe que cualquier autoridad diga que hay que esperar cierto tiempo o que se niegue a actuar con el pretexto de que todavía no se cumple un plazo.
La ley sobre desaparición de personas va en el mismo sentido, porque la búsqueda empieza en cuanto se sabe del caso, los reportes se reciben a cualquier hora y cualquier día del año, y ningún protocolo puede imponer tiempos de espera.
Tampoco hace falta ser familiar, abogado o mayor de edad. Cualquier persona puede pedir el amparo en nombre de quien desapareció, incluso un menor, por escrito, en persona o por internet, a cualquier hora y cualquier día.
Basta con acudir al Juzgado de Distrito más cercano y decir a quién se busca, desde cuándo no se sabe de esa persona y quién se la llevó.
A partir de ahí, el juez dicta por su cuenta, sin que nadie se lo pida, una orden de protección inmediata que debe llegar a las autoridades sin demora y por el medio más rápido que exista.
Esa protección no depende de que la autoridad acepte tener a la persona, porque los tribunales ya dijeron que negarlo no basta para cerrar el caso. Si alguien fue detenido por agentes del gobierno y después nadie sabe dónde está, le toca al Estado explicar qué pasó, pues es quien tiene los registros, las cámaras y las bitácoras, no la familia.
Aquí está el punto difícil. La palabra “búsqueda” no aparece ni una sola vez en la Ley de Amparo, que solo pide al juez tomar todas las medidas necesarias para que la persona aparezca, sin decir cuáles.
Ese hueco lo llena el Protocolo Homologado de Búsqueda, actualizado en marzo de 2026, que reconoce a los jueces de amparo como autoridades de búsqueda y les permite pedir registros de llamadas y celulares, videos de cámaras, movimientos bancarios, registros de los arcos de vigilancia en carreteras, listas de personas detenidas y reportes de policías y militares.
La propia Suprema Corte, en el protocolo que publicó en diciembre de 2025 para juzgar estos casos, admite que muchos jueces no tienen claro todo lo que pueden hacer con este “amparo buscador” y que todavía se atoran en trámites y formalidades. Antes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ya había señalado que los tribunales mexicanos suelen actuar con pasividad.
Habrá quien diga que el amparo ya existe y no ha encontrado a nadie, pero lo que no ha existido es un amparo que exija resultados en lugar de solo mandar oficios. Nadie pide que el juez haga el trabajo de la fiscalía, lo que se le pide es que la presione y revise que lo que responde sea cierto.
Buscar a la persona y castigar a los responsables son tareas distintas, con tiempos distintos. La ley ordena partir de que la persona sigue viva, como ya lo había dicho la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, así que la búsqueda no tiene que esperar a que avance la investigación, y la familia tiene derecho a participar y a saber qué se está haciendo.
Los números ayudan a entenderlo. De las 13,625 personas que el gobierno reportó en agosto como localizadas durante el último año, 6,939 se encontraron cruzando bases de datos y 1,075 buscando en campo.
La lección es doble. Revisar registros funciona, pero solo encuentra a quien dejó rastro, y a quien no lo dejó hay que salir a buscarlo.
En México hay más de 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas, y el amparo no las va a encontrar a todas. Pero la madre del inicio no tiene por qué esperar, lo que necesita es un juez que aplique la ley.
En colaboración con Ángel Olvera Villafá
