Diez trabajadores mineros murieron al quedar atrapados dentro de una mina de carbón, denominada El Pinabete, después de que la galería en la que trabajaban se viniera abajo, a 100 metros de profundidad, debido a una inundación súbita provocada por una filtración de agua subterránea proveniente de la mina contigua Conchas Norte, abandonada desde 1996. Los hechos ocurrieron en el paraje “La Agujita”, en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, el 3 de agosto de 2022.
A cuatro años de distancia, a casi mil días después del accidente, se recuperó el último de los diez cuerpos atrapados. Asimismo, con la detención de dos personas, vinculadas a proceso penal por la explotación ilegal de la mina, la cual era de manejo exclusivo del gobierno federal, y con la entrega de apoyos a las viudas, se cerró el caso. Sin embargo, los hechos quedan para la reflexión sobre estos accidentes fatales en la industria que, sin autorización, regulación y cumplimiento normativo, siguen latentes.
La mayoría de la producción de carbón de nuestro país está en Coahuila; las dos principales cuencas carboníferas son la de Sabinas-Múzquiz y la de Fuentes-Río Escondido. Su proceso de extracción es diferente al de la minería metálica, esencialmente por las características geológicas de los yacimientos, ya que los mantos de carbón se encuentran de manera horizontal, ubicados entre capas de rocas sedimentarias que son menos estables que las rocas ígneas (más rígidas) que alojan otro tipo de materiales metálicos.
Esta condición, para el caso de las minas subterráneas como en la que sucedió la tragedia ya relatada, implica un mayor grado de dificultad y, por supuesto, mayores riesgos para la ejecución de los trabajos, simplemente por la naturaleza de las rocas. Al ser los terrenos inestables, conforme se avanza en profundidad y extensión, las galerías de las minas se hacen más susceptibles de colapso; por ello, es necesario el aseguramiento tanto de techos como de paredes mediante sistemas de contención, mínimo con postes y vigas, para prevenir caídos y derrumbes.
Otra condición de riesgo es la emanación del gas grisú (metano), característico dentro de estas minas subterráneas de carbón; por lo tanto, para el desarrollo seguro de trabajos bajo estas condiciones se requiere de equipos de medición de gases y una puntual supervisión de los niveles de concentración de estos, los cuales pueden generar daños a la salud de los trabajadores y riesgos de explosividad (bajo ciertas condiciones).
Otro aspecto importantísimo de riesgo es el tamaño de estos “pocitos” de carbón, como suelen llamarlos en la zona, ya que, por sus dimensiones y características rudimentarias, son muy estrechos, casi artesanales, operados de manera irregular, sin contar con las capacidades técnicas suficientes ni autorizaciones en materia de seguridad laboral –NOM-023-STPS-2012 Minas Subterráneas y Minas a Cielo Abierto– ni de protección civil. Suelen ser sobreexplotados y omitidas todas las normas y medidas preventivas, tanto para los trabajadores como para la población circundante.
Pero lo más grave es el aspecto territorial y de impacto regional que este accidente ha traído a la luz, ya que no se necesita de un especializado peritaje geotécnico y de mecánica de suelos (al cual están obligados los concesionarios) para comprender que en la zona se opera sin viabilidad técnica, debido a la cercanía de diversos factores de riesgo que hacen peligrosa la operación de estos pozos, a tan reducidas distancias entre estos.
El lugar del accidente se encontraba a 350 metros de un afluente del río Sabinas y de la mina Conchas Norte (de mayor dimensión); asimismo, el pozo de carbón estaba contiguo a otros dos pozos de similares características (los tres estaban inundados) y otros dos barrenos que estaban perforando. Todo este sistema de intervención y perturbación subterránea, sobre un terreno inestable (de 60 a 100 metros de profundidad) y un afluente hidrológico muy próximo, todo dentro de un perímetro menor a 500 metros, obliga a la elaboración de un análisis de riesgo regional, basado en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, y a la implementación de medidas preventivas y sistemas de mitigación de riesgos correspondientes, tanto en el entorno inmediato a cada pozo como en su interior.
Si todos los estudios, análisis, peritajes, inspecciones y medidas preventivas que la ley exige se hubieran llevado a cabo en El Pinabete, además de sus correspondientes autorizaciones gubernamentales, el accidente no se hubiera presentado; sin embargo, como ya es costumbre, nos toca relatar y describir la tragedia después de los hechos consumados. No obstante, nos permite compartir que es mejor prevenir. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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