El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado jueves cincuenta puntos con los que iniciará su sexenio 2018-2024 a partir del próximo primero de diciembre, con el que “pretende” abatir la corrupción e impunidad, entre otros lastres que forman parte de la vida cotidiana de nuestro vapuleado país.
En un apabullante triunfo de López Obrador, gracias a que la ciudadanía de todo el país sufragó y decidió el pasado uno de julio pasado, cambiar el rumbo del país brindándole la oportunidad al sempiterno candidato de la “izquierda” millonaria, para que sea quien encabece por seis años (esperemos que así sea), los destinos de nuestro México.
En el primer punto se pretende reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción”. En el segundo punto, se explica que quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos, (no se incluye a los legisladores locales y federales, así como los senadores).
Otros puntos hablan de suprimir direcciones y en un 70 por ciento al personal de confianza en el gobierno federal, los fideicomisos, los viajes al extranjero, nadie podrá usar aviones y helicópteros e inclusive venderá las flotillas, cancelará las pensiones a los ex presidentes de la república, reducir en 50 por ciento la publicidad del gobierno y otras más.
Es cierto que en las últimas cinco décadas nuestro país ha sido lacerado, abusado por la ambición del poder de los presidentes en turno que fallaron por sus excesos de poder y le han quedado a deber a unos ciudadanos esperanzados en que los gobiernos en turno fueron eficientes y honestos, así como más de veinte gobernadores que se despacharon con la cuchara grande en sus estados y que se sienten virreyes.es por ello que la ciudadanía les cobró inmediatamente sus respectivas facturas por abusos de poder.
Recordemos que las hermanas gemelas (la corrupción y la impunidad), no solamente se practican en los tres niveles de gobierno y en la administración pública, sino también en la iniciativa privada; es decir, forman parte de nuestra cultura, aunque se diga lo contrario, lo que ha faltado es la aplicación de la ley a los infractores y abusivos.
Lo que también llama la atención es que ningún político de cualquier parte del mundo que asegure que combatirá y abatirá la corrupción y la impunidad, no puede ni debe estar rodeado en su lucha política por corruptos o traidores, ladrones, salteadores, ni saqueadores o delincuentes, tendrá que alistar gente proba, honesta y que goce de excelente reputación ante la sociedad en general. Lo lamentable es que López Obrador, trae en su equipo, gente de dudosa reputación y el buen juez por su casa empieza.
LOS REYES EN PUERTA
Por otra parte, Otro anuncio que causó revuelo del próximo mandatario Andrés Manuel López Obrador, durante la semana pasada, es que nombrará a “Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollos”, quienes dependerán directamente de él. Estos 32 “jefes políticos” recibirán todos los recursos y programas que el gobierno federal realice y que habitualmente reciben las 32 entidades a través de sus gobernadores.
Los nuevos 32 “jefes políticos” tendrán “línea directa” e instrucciones desde Palacio Nacional, de la Presidencia Imperial, no tendrán que responder a ninguna instancia ni tener que ser sometidos a revisión o transparencia alguna. Es decir, se cambia el Convenio de Coordinación Fiscal mediante el cual la Federación entregaba recursos económicos a través de partidas presupuestales a los 32 estados de la república, por lo que vulnera al sistema federalista y republicano.
Seguramente el tabasqueño dará las órdenes necesarias a sus grupos parlamentarios integrados por Morena en las Cámaras de Diputados y de Senadores que serán mayoría absoluta a partir del primero de septiembre, para que modifiquen varios artículos de nuestra Carta Magna que “estorben” en el nombramiento de sus coordinadores estatales.
Como lo hemos comentado en este mismo espacio: Andrés Manuel López Obrador logró lo que deseaba y anunció en sus spots, que la ciudadanía también le diera su voto a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, para contar con mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores; es decir, en el Congreso de la Unión para poder modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como él lo desee e iniciar su largo mandato.
Con los nombramientos de los coordinadores estatales, que a la postre se convertirán en “jefes políticos”, retrocederemos 206 años, debido a que éstos tuvieron poder como figuras públicas que fueron creadas en 1812 por la Constitución de Cádiz (Capítulo II del Título VI, artículos 324 al 337), donde el rey de España los designaba como la autoridad al frente del gobierno de las provincias de la Nueva España.
De llevarse a cabo estos nombramientos, retornaremos a la era de Independencia, contra la que los insurgentes se sublevaron.
Es preciso recordar que dichos jefes políticos tuvieron vigencia en la era de entonces presidente Porfirio Díaz y que eran normalmente sus compadres. La primera en ser nominada fue la ex candidata a gobernadora por el estado de México, y senadora electa Delfina Gómez, quien fue presidenta municipal de Texcoco y se vio involucrada en escándalo por descontarles vía nómina 10 por ciento de su salario al personal de dicho ayuntamiento.
Sin lugar a dudas, lo que pretende López Obrador es tener una presidencia imperial “a modo” sin que algún gobernador del partido que sea se interponga en sus planes de convertir a sus 32 coordinadores generales o jefes políticos en “candidatos naturales” a sus respectivas elecciones para, y convertirlos a la postre en mandatarios estatales, sin que nadie les pueda hacer sombra. ¿Jugada maestra de López Obrador? O exceso de poder.
