Naucalpan/Estado de México
Durante sus dos primeros años, los 125 gobiernos municipales del Estado de México incrementaron su deuda pública en al menos 2 mil 905 millones 743 mil pesos, al pasar de 15 mil 713 millones 882 mil pesos al inicio del 2016 a 18 mil 619 millones 625 mil 600 pesos al cierre del 2017, con compromisos de corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil 400 pesos con proveedores diversos, lo que impondrá dificultades para los próximos ayuntamientos, que asumirán el 1 de enero del 2018 “prácticamente con las manos atadas”.
Lo anterior fue expreso por Karina Labastida Sotelo, legisladora local e integrantes de la Comisión del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de la entidad (OSFEM), quien confió en que los actuales gobiernos actuarán con responsabilidad y cumplirán los compromisos que adhirieron en el corto plazo, aunque demandó que se practique una auditoría a los pasivos municipales ya que se trata de aumento exponencial en ese rubro.
La representante popular afirmó que sumando deudas de las administraciones centrales de los gobiernos municipales con las de los sistemas DIF y organismos de agua, a corto plazo deben pagarse 22 mil 393 millones 495 mil 400 pesos.
Labastida Sotelo agregó que de 125 municipios, las deudas en 82 de ellos rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, situación que viola el artículo V de la Ley de Ingresos de los Municipios y los coloca en el sistema de alerta.
Refirió que hay casos graves, como el de Coacalco, con 92.2 por ciento de deuda contra sus ingresos; igual está Cuautitlán Izcalli, con 86.8 por ciento, Ixtapaluca, 155.7 por ciento; Teotihuacan con 103 por ciento; Chalco, con 66.8 por ciento; Tultitlán, con 56.1 por ciento; Atizapán de Zaragoza, con 56.9 por ciento; Cuautitlán, con 55.9 por ciento; Naucalpan, con 51.2 por ciento; Ecatepec, con 45.6 por ciento y Nezahualcóyotl, con 44.4 por ciento, además de otros municipios semirurales con más de 172 por ciento, como Sultepec o Tenango del Aire, con 176 por ciento.
“La deuda pública de largo plazo de los ayuntamientos debido a créditos bancarios, que suma 7 mil 603 millones 230 mil 500 pesos, es ya una pesada carga para la prestación eficiente de los servicios elementales pues se resta margen de maniobra al gasto, pero los adeudos de corto plazo implican eso y un manejo poco serio y poco responsable de las finanzas públicas, quizás hasta irregular”, afirmó Labastida Sotelo.
La también vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del partido Moviendo de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública del 2017 por parte del OSFEM, hay un incumplimiento “muy considerable" de los ayuntamientos con proveedores y prestadores de servicios, pero también con obligaciones mínimas que permiten observar el buen o mal trabajo en materia de finanzas públicas.
Como ejemplo, destacó que hay evidencias de un manejo irregular por parte de las tesorerías ya que entre esos adeudos sobresalen las retenciones y contribuciones a pagar corto plazo, que suman 2 mil 559 millones 126 mil pesos.
“Esto quiere decir que se está reteniendo a los trabajadores los impuestos correspondientes, pero ese dinero no se está reportando a las autoridades hacendarías, una irregularidad sancionada por la ley”, comentó la representante popular.
En la misma forma, Karina Labastida dijo que con la deuda se ha estado castigando mucho la realización de obra pública y ampliación de beneficiarios de programas sociales ya que durante el 2017 “se pagaron intereses, comisiones y otros gastos por 641 millones 299 mi 300 pesos, es decir, 208 millones 785 mil 900 más que en el 2016, cuando se destinaron a ese rubro 432 millones 513 mil 400 pesos”.
Remarcó que “aunque la deuda bajó 66 millones 356 mil 300 pesos respecto del 2016, es claro el crecimiento por casi 3 mil millones de pesos, y esto es lo que justamente se tiene que auditar, porque tampoco se ven los beneficios, especialmente en materia de seguridad y de combate a la pobreza”.
Por último, Karina Labastida Sotelo mencionó que ese adeudo de más de 18 mil mil millones de pesos significa el 50.3 de los ingresos ordinarios de los 125 demarcaciones, que en el 2017 sumaron 36 mil 983 millones 878 mil 900 pesos.
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