Toluca/Estado de México
Tras reconocer que en México suman 650 presos políticos, Nancy Nápoles Pacheco, diputada de Morena, emitió un pronunciamiento en contra de la sentencia de 50 años de prisión emitida el año pasado, en contra de dos hombres y una mujer, a quienes calificó como “presos políticos”, defensores indígenas de la comunidad de Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, por “enfrentarse al gobierno mexiquense en defensa del agua”.
Indicó que el 27 de noviembre del 2017 el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, sentenció a Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, defensores indígenas de Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle.
La legisladora agregó que la corrupción y el despojo ”es una práctica cotidiana por parte de empresarios, autoridades, instituciones, además de los gobiernos, pues mediante los testimonios e investigaciones documentales realizados en los últimos años, demostraron que hubo complicidad de las dependencias gubernamentales, con jueces y otros operarios del sistema judicial".
Dijo que el problema detonó en 1988 y 1989, cuando se registró una baja en la afluencia del sistema de agua de la comunidad de Tlanixco, donde los habitantes usaban el río Grande para abastecerse, de modo que abrieron una toma formal de agua e Alejandro Isaac, representante de un grupo empresarial, se inconformó a través de un escrito a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México; entonces el gobierno estatal defendió los intereses de las empresas, citó a las autoridades del poblado y les impidió tomar agua bajo el argumento de que era recurso concesionado.
Después 300 personas interceptaron a los empresarios y los presentaron ante la delegación; en el camino se hicieron dos grupos, con rutas distintas. El primero se llevó a Isaac Caso, quien murió en circunstancias inciertas, localizado al fondo de una barranca a 300 metros de profundidad.
Posteriormente en 2006, fueron detenidos Lorenzo Sánchez, Marco Pérez González y Dominga González Martínez, quienes alcanzaron una pena de 50 años de prisión “sin tener la certeza de que ellos cometieron el delito por el que fueron juzgados”.
A decir de la legisladora, las acusaciones y sentencias no estuvieron basadas en pruebas imparciales, porque la autoridad no proporcionó a los imputados la oportunidad de defenderse, ni acreditó un adecuado proceso legal.
