Toluca/Estado de México
Los diputados aprobaron en comisiones regular la participación de las organizaciones y asociaciones civiles estatales nacionales e internacionales en la planeación, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas, por lo que dieron su aval para reformar la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del PAN, con la intención de que se modifique el artículo 38 y con ellos se fortalezca la participación más ordenada y coordinada de las organizaciones civiles especializadas en la materia.
“Deben convertirse en un elemento fundamental de ayuda para combatir este ilícito”.
La legisladora Ingrid Schemelensky Castro sostuvo que la trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido social, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privados de las condiciones más elementales para el desarrollo de la vida a partir de la libertad reconocida por el Estado para autodeterminarse.
Agregó que es multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales articuladas en células independientes pero no desvinculadas, que atacan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que comúnmente están en situación de desventaja respecto del agresor, lo que les impide oponer resistencia.
Al hacer referencia a la incidencia de este delito en territorio nacional, mencionó que en un año, el número de víctimas identificadas se duplicó de 127 a 250; pero entre 2011 y 2012 solo siete personas fueron condenadas por estos delitos y para 2013 la cifra ascendió a 56.
Explicó que el número de víctimas menores de edad aumentó 56.8% desde 2011, según datos oficiales entregados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos.
