Toluca/Estado de México
De los 125 ayuntamientos mexiquenses 82 están sobre endeudados y acumulan 18 mil 619 millones de pesos, de acuerdo a análisis detallado de las Cuentas Públicas estatal y municipal del año pasado, donde también se detectó que el ISSEMyM el ISEM y la UAEMex, registraron observaciones financieras consideradas como “graves”.
Tras una reunión con el titular del OSFEM, Fernando Baz y quienes conforman la comisión de Vigilancia de este organismo, se dio a conocer también que suman 41 localidades que tienen organismos de agua, además de que solo Temascalapa tiene una calificación positiva, ya que cumple pocas observaciones resarcitorias y pocos hallazgos en el manejo de sus recursos con base en sus ingresos.
Es así que de los municipios con mayor observaciones determinadas en sus organismos de agua están Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan.
“Podemos encontrar que estos entes públicos, en particular el ISSEMyM, el ISEM y la UAEMex, no cumplen con sus objetivos del 2017 y presentan observaciones financieras graves”, expresó el diputado Tanech Sánchez, presidente de la comisión.
El auditor del OSFEM informó, sobre la integración de resultados de la revisión de cuentas públicas bajo el Sistema Nacional de Fiscalización de 2017, que el ISEM tiene observaciones en probable daño a la Hacienda Pública u observaciones resarcitorias por 193 millones 787 mil pesos, que incluyen rubros de cuentas por cobrar, deudores diversos, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Seguro Popular y Prospera Programa de Inclusión Social.
Señaló que de cinco evaluaciones de desempeño cualitativos considerados en la Ley de Disciplina Financiera, solo cumplen con uno de los rubros calificados, con lo que se comprobó que técnicamente sus finanzas están mal.
Asimismo en lo que respecta al ISSEMyM se tienen observados 12 millones 861 mil pesos en probable daño a la Hacienda Pública por rubros de cuotas por cobrar y recursos humanos, además de que de cinco evaluaciones de desempeño cualitativos considerados en la Ley de Disciplina Financiera, cumple con tres de los cinco rubros calificados.
De la integración de cuotas por cobrar, destacó los casos de los Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial y Urbana del Valle de Toluca y la Jefatura de Policía Industrial del Estado de México y Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y comercial del Valle de Texcoco, que juntos acumulan mil 200 millones de pesos, deuda a corto y largo plazo.
Detalló que el inventario de población derechohabiente es de un millón 140 mil 72 personas, al considerar que hay 375 mil 88 servidores públicos, 59 mil 818 pensionados y pensionistas y 705 mil 166 dependientes económicos; mientras destacó que entre los principales hallazgos en su Cuenta Pública, están 63 millones 103 mil pesos en construcciones en proceso y 19 millones en anticipo a contratistas de obra que no mostraron movimientos en el 2017, así como una diferencia de mil 635 millones de pesos en la presentación de pasivos.
Se reconoció que uno de los problemas más graves es el pago de pensiones, ya que considerando sus egresos e ingresos, el resultado de ejercicio pasó de 2012 de tener 337 millones 557 mil pesos a un déficit en 2017 de 862 millones 33 mil pesos, por lo que se está haciendo una investigación con una muestra de 50 personas jubiladas para ver los orígenes de sus movimientos, antigüedad y años de jubilación.
Sobre la Máxima Casa de Estudios, Fernando Baz indicó que tiene un monto de entre mil 200 a mil 300 millones de pesos señalados en las observaciones por ausencia de pago al ISSEMyM, por lo que se le ha solicitado a la Institución información detallada del destino de los recursos por el Ejercicio Fiscal 2018, la cual fue enviada el 26 de enero de manera errónea y se les pedirá de nueva cuenta el detalle del flujo de efecto de julio a diciembre 2018.
“Así se podrá saber si no pagó las cuotas de los trabajadores por pago de nómina o si ese dinero se desvió a otros asuntos, situación que tiene que ver con ejercicios de 2016, 2017 y 2018”.
Explicó que la Universidad tiene señalados 88 millones 568 mil pesos en probable daño a la Hacienda Pública por los rubros de Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior, Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Superior y de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; mientras que de cinco índices calificados en tres tuvo calificación negativa.
Sobre la revisión del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), el auditor detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política de 2017 y 2018 destinaron máximo dos millones 500 mil pesos a despensas, grupos musicales, materiales de construcción, renta de maquinaria, nómina, juguetes, cobijas, tenis, vestuario, pipas de agua y artículos para el hogar, y se comprometió a llevar información más completa para una próxima reunión.
