Toluca/Estado de México
Los legisladores de Morena, Karla Fiesco y Reneé Rodríguez, propusieron se exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, informe sobre las medidas administrativas tomadas en cada una de las delegaciones del gobierno federal en el Estado de México, sobre todo en relación a los recursos materiales, humanos y bienes muebles e inmuebles.
Los legisladores hicieron referencia al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal, publicado el 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, coincidieron en que siempre estarán a favor de medidas que permitan cumplir la exigencia social de no equivocar el destino de los recursos de los mexicanos, aunque advirtieron que si la austeridad no se acompaña de racionalidad puede no tener los efectos deseados, incluso puede tener resultados contraproducentes.
Indicaron que de acuerdo con las dependencias y delegaciones de la estructura anterior de la administración pública federal, con representación en el Estado de México, se contaba con 77 delegaciones, gerencias regionales, institutos y coordinaciones, del gobierno federal.
No obstante, el pasado 30 de noviembre de 2018, se publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se estableció que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, podían contar con oficinas de representación en las entidades federativas siempre y cuando fuesen indispensables para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y que contaran con recursos aprobados para dichos fines.
Sin embargo los despidos, indicaron los legisladores, no fueron considerados, lo que permite una verdadera incertidumbre sobre la funcionalidad de las delegaciones federales que eran la presencia de la Secretaría del Gobierno Federal en la entidad.
Coincidieron en que también se desconoce cuál será el destino de los edificios públicos que ocupaban las sedes de las delegaciones federales y que pasará con los recursos materiales y bienes muebles con las que contaban, pues además, a la fecha no se han hecho públicos los mecanismos que el gobierno federal realizará para la operación de los programas de aquellas delegaciones que dejarán de existir.
“El cambio institucional no puede ser contrario a los derechos de acceso de los ciudadanos, ni la eliminación de los programas y servicios de cada una de las dependencias federales que benefician a los mexiquenses, y tampoco un justificante de despidos sin razón”.
