Toluca/Estado de México
Durante su comparecencia ante diputados mexiquenses, Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México presumió que en un año el robo a vehículos disminuyó hasta en 13%. También dijo que suman 50 sentencias por feminicidio y 51 por el delito de trata, mientras que la mayoría de los diputados criticaron la ausencia de acciones para disminuir los índices delictivos.
El fiscal indicó que de septiembre del 2018 al mismo mes de ese año, se judicializaron más de 17 carpetas de investigación a través del sistema penal acusatorio, así como la realización de 155 mil audiencias penales, aunque solo en el caso de las sentencias condenatorias se registró un aumento del 21% registrando 6 mil 376 sentencias condenatorias.
Sobre la incidencia al robo de vehículos, mencionó que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros este fenómeno bajó 9.1%, aunque en términos generales se tiene registro de hasta 13%.
Dio a conocer también que suman 50 sentencias por feminicidio, y por el delito de trata es el Estado de México la entidad que más sentencias registra al sumar 51 de las 7 corresponden a 28 a 43 años de prisión, y algunas de ellas, emitidas en otros estados o el extranjero.
Respecto del delito de corrupción, agregó que suman 22 sentencias con 34 sentenciados, aunque aclaró que en lo que respecta a los homicidios dolosos contra las mujeres se tienen 19 sentencias, de ellas una vitalicia por tres víctimas.
Juan Carlos Soto, diputado sin partido, cuestionó que en informe no se dé a conocer cuántas fiscalías especializadas han sido creadas y cuáles han sido los resultados, lo mismo que sucede con las agencias.
El legislador José Alberto Coutollenc, del PVEM, cuestionó sobre qué políticas públicas se implementan para la población en situación de reclusión y las acciones para inhibir la reincidencia, mientras que para María de Lourdes Garay, de Encuentro Social, no hay garantía de seguridad e indicó que suman 85 asesinatos de operadores, lo que se suma a la extorsión al transporte público, por lo que cuestionó acciones implementadas.
Omar Ortega del PRD, lamentó que los ministerios públicos sean selectivos en el llenado de las carpetas de investigación, por lo que cuestionó sobre acciones emprendidas y la legisladora Karla Fiesco del PAN, indicó que en términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, lo que significa más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador en México y cuestionó acciones de la dependencia para estar en posibilidades de implementar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Sergio García Sosa del PT, hizo referencia también a la falta de confianza e inseguridad por la que atraviesan los ciudadanos y dijo que pese a la falta de recursos, no es posible justificarse en las insuficientes, en tanto que cuestionó si la dependencia está preparada para aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
La bancada del PRI a través Juan Macisse, criticó el trato lento en la fiscalía, motivo por el que centró sus cuestionamientos en las acciones que se llevan a cabo, y el legislador de Morena, Gerardo Ulloa, dijo que aunque en el segundo informe se hace alusión al reforzamiento de acciones y modernización de las áreas de la fiscalía, poco se ha avanzado y falta mucho por hacer, de ahí que le pidió redoblar esfuerzos para dar respuesta inmediata a la demanda de los ciudadanos.
