Toluca/Estado de México
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, negó que para el caso del titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y la contraloría se les entregue “un cheque en blanco”, pues deberán apegarse a la ley y la normatividad, aunque adelantó que uno de los compromisos es la restructuración de fondo en ambas instancias, al igual que la modificación del marco jurídico.
Sobre el caso del OSFEM, y las propuestas pendientes a la Ley de Fiscalización, el también coordinador de la bancada de Morena, indicó que hay que comenzar con lo ya existente, aunque reconoció que si requieren cambios, lo mismo que en la contraloría.
“La función del nuevo auditor será tomar la dirección del órgano, hacer revisión a fondo, conocer los pendientes y tomar las medidas al interior que requiere para poder agilizar el trabajo rezagado y atender las nuevas demandas".
Dijo que la contratación de más personal e incluso de auditores es atribución solo del titular, quien deberá hacer un diagnóstico sobre lo que se requiere, aunque parte de su responsabilidad será revisar la restructuración.
En el caso del pendiente nombramiento del contralor de la Universidad, el morenista dijo que se emitirá la convocatoria después de que pase este periodo extraordinario, aunque aclaró que hay perfiles que marca la propia ley, en tanto que es atribución de los diputados emitir la convocatoria.
Refirió que para el caso de la titularidad de la contraloría se presentaron seis propuestas, pero eligieron al que consideraron como el mejor perfil.
En el caso de la judicatura, dio a conocer que fueron presentadas 18 propuestas y se avaló a Pablo Espinoza, quien reunió los requisitos conforme a lo determinado por los integrantes de la junta de Coordinación.
Aclaró que ahora son otros tiempos y se privilegia el consenso, aunque hay mucha deliberación y no es como antes que se mandaban nombres y se aprobaban, incluso dijo que es legítimo que en su bancada haya diferentes opiniones, pues tienen derecho a opinar y disentir.
