Toluca/Estado de México
Podría ser el próximo periodo ordinario cuando se apruebe la propuesta del titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Jorge Olvera García, misma que busca certificar a los defensores de derechos humanos de los municipios.
El funcionario puso eliminar la disposición legal de coordinarse con otras instituciones para realizar tal certificación.
La legisladora Lorena Marín Moreno del PRI, dio lectura a la iniciativa, la cual recuerda que fue la 60 Legislatura la que determinó la obligación de los defensores municipales de contar, previa capacitación por parte de la referida Codhem, con una certificación en la materia para aspirar al cargo, así como el deber de la propia Comisión de certificarlos (mandato que se recoge en el Decreto 89 de octubre de 2019) recurriendo a la coordinación con otros entes públicos.
Aunque señala la propuesta que la Codhem cuenta con un Centro de Estudios en el tema con capacidad material, presupuestal y humana para capacitar y certificar a quienes lo soliciten sin necesidad de contar con la colaboración de otras dependencias.
Conforme al documento, remitido a las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Derechos Humanos, se plantea también eliminar el plazo de 180 días con que cuenta la comisión para obtener la autorización para ser un ente certificador, ya que, explica, si bien se dio a la tarea de buscar un ente que le confiera esa facultad, no encontró en el país ninguno que lo hiciera.
También se considera eliminar la disposición legal que establece, para los actuales defensores municipales de derechos humanos, la certificación con una vigencia de 18 meses, y extenderla a tres años, como sucederá con los defensores que sean designados para las siguientes gestiones locales.
Se plantea esta propuesta en el hecho de que los actuales ómbudsperson deben cumplir más de 18 meses en sus cargos, por lo que certificarse ahora los obligaría a hacerlo de nuevo antes de concluir sus gestiones.
Es así que se pide reformar las leyes Orgánica Municipal y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como el Decreto 89 antes referido.
