Toluca/Estado de México
El comisionado del Instituto de Transparencia mexiquense (Infoem), José Guadalupe Luna Hernández, reconoció que en los ayuntamientos mexiquenses hay resistencias que se deben derrotar en cada cambio de administración, pues muchos servidores públicos siguen negándose a la transparencia.
Dio a conocer que aunque algunos alcaldes plantearon que no estaban obligados a publicar sus sueldos, por considerar que no entran en la categoría de servidores públicos, están equivocados, por lo que deben cumplir en su carácter de sujetos obligados.
Reconoció que en este momento la evaluación de este año está detenida, porque se retrasó el periodo para que cargaran su la información e incluso recordó, se suspendieron las solicitudes de acceso a la información.
Narró que cuando entraron en funciones las obligaciones comunes, las administraciones pasadas tuvieron hasta el último año para cargar su información, junto con las implicaciones del proceso de verificación que trae aparejadas sanciones por cumplimiento.
“Tuvieron casi dos años de periodo de gracia las administraciones pasadas, pero las actuales ya no lo tienen y la plataforma está funcionando con plazos de verificación también, aunque en este momento fueron suspendidos por la pandemia”.
Reconoció que hay muchos municipios que siguen sin cumplir con la publicación de toda la información que es considerada como pública de oficio, muestra de ello son las revisiones que se han hecho, mismas que reconoció, son aleatorias.
“Para revisar utilizamos fórmulas pero solo se trata de una muestra aleatoria de sus fracciones y por ello a veces no se revisaban los salarios de totalidad”.
Es por eso que mencionó que entre los acuerdos tomados por los comisionados destacan, verificar siempre los sueldos, así como programas sociales, los procesos adquisitivos y programas de auditorías de los 125 municipios, en tanto que el resto de la información seguirá siendo aleatoria.
“Con ese ajuste habrá menos posibilidad de que evadan incumplimiento”.
Al final reconoció que hay una interpretación dolosa de la ley, pues sí les dan tres meses para cargar información se esperan hasta el último mes o hasta el último momento para dar a conocer lo que como a sujetos obligados les corresponde.
