Toluca/Estado de México
En la Legislatura se mexiquense avaló un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR), inicie una Carpeta de Investigación en contra de Jesús Murillo Karam, por delitos cometidos contra la administración de justicia, durante las investigaciones por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El legislador, Tanech Sánchez Ángeles, dijo que los normalistas fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado con apoyo de las policías municipales de Iguala, la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal con pleno conocimiento y monitoreo del Batallón de Iguala y los mecanismos de inteligencia del Gobierno Federal, según diversos reportes.
Tras estos hechos, dijo, resultaron diversas personas lesionadas, además de que hubo muchos detenidos y fallecieron seis personas, tres normalistas, dos jugadores del equipo de futbol Los Avispones y una mujer que viajaba en un taxi, ello sumado a que desaparecieron de manera forzosa a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El legislador narró que Organismos Internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organizaciones no Gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), expresaron su rechazo y preocupación a lo ocurrido en Iguala, así como la exigencia al Gobierno de México de llegar a la verdad de lo sucedido, impartir justicia condenando a los culpables.
En tanto que el 11 de noviembre, el equipo argentino de Antropología Forense señaló que de los primeros 30 restos ubicados en fosas clandestinas en la zona de Cerro Viejo, ninguno de ellos coincide con el ADN de los normalistas desaparecidos.
“De las constancias que obran en las averiguaciones previas se desprende que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizadas por elementos de la Policía Federal y la Marina, consentidas por la agente del Ministerio Público, Lourdes López Iturbide, con lo que obtuvieron las confesiones de varios de los detenidos mediante golpizas e incluso choques eléctricos, así como tortura psicológica para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros”.
Señaló que ninguno de los casi 100 detenidos se encuentra acusado por el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro, homicidio, entre otros tipos penales que distan de la conducta típica que implica la desaparición forzada de personas. Bajo confesiones obtenidas mediante la tortura la PGR construyó la denominada “verdad histórica”.
Consideró que la actuación irregular y abierta manipulación de la investigación para cerrar apresuradamente el caso, a cargo del Estado mexicano en la administración Enrique Peña Nieto, ha quedado acreditada.
Destacó que ante el creciente reclamo popular para que se castigue no solo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, y a quienes participaron en el engaño para dar carpetazo a una de los crímenes más dolorosos del país, era necesario avalar este exhorto a fin de que se investigue al ex titular de la PGR de 2012 a 2015.
