Toluca/Estado de México
La Legislatura del Estado de México avaló por unanimidad que el Ministerio Público pueda solicitar antecedentes sobre este tema al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México información sobre quien tenga la calidad de acreedor alimentario, en caso de que un deudor alimentario no cumpla con sus obligaciones.
El legislador proponente de Morena, Juan Pablo Villagómez Sánchez, planteó la reforma al párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México, con la finalidad de que el Ministerio Público se allegue de todos los medios probatorios o de convicción para integrar la Carpeta de Investigación derivada del incumplimiento de obligaciones.
Dentro de la propuesta se indica que existe un alto índice de incumplimiento del pago de pensión alimenticia y que el deudor alimentario que incumple con su obligación causa un gran daño al acreedor al no recibir los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas.
Señala el documento que dichas afectaciones pueden afectar su alimentación y ocasionar graves daños, inclusive la muerte, principalmente en casos de personas con discapacidad y vulnerables.
“Es factible que aumente la calidad de vida para el beneficiario, al tener resueltas sus necesidades básicas, ya que la pensión alimenticia no es solamente un acto de generosidad, sino la forma de protección hacia las personas que dependen de otras ya sea por su edad, condición física o cualquier otra que les impida poder satisfacer sus necesidades por cuenta propia”.
El legislador morenista aclaró que además de ser una obligación jurídica, es también una forma de solidaridad humana, que impone la obligación de ayudar al necesitado, máxime cuando quien la reclama es algún miembro de la familia.
