Toluca/Estado de México
La Legislatura local aprobó en el Pleno abrogar la Ley de la Comisión de Factibilidad del Estado de México, que elimina el Dictamen Único de Factibilidad y regresa las facultades a los ayuntamientos para que atiendan 70% de las actividades de giros comerciales y servicios de bajo impacto de la entidad.
Es importante precisar que este trámite determinaba la factibilidad de la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, de unidades económicas, inversiones o proyectos, que por su uso o aprovechamiento del suelo, generen efectos en el equipamiento urbano, infraestructura, servicios públicos, en el entorno ambiental o salud, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En tanto que el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, quien promovió la iniciativa, aseveró que este trámite no obtuvo los resultados esperados, principalmente por el cúmulo de trámites a desarrollar para su obtención, constituyendo en muchas ocasiones un obstáculo en la regularización de las unidades económicas del Estado de México, principalmente, por la suma de obligaciones a cubrir ante las autoridades estatales.
“La realidad es que existen diversas unidades económicas operando de forma irregular, por falta de un marco normativo óptimo y trabas burocráticas que impiden o retrasan el cumplimiento de la Ley”.
Es por ello que con su propuesta se abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y deja para la verificación del Estado únicamente el 30% de los giros de alto impacto, que cuenten con una superficie superior a los 3 mil metros cuadrados y representen un riesgo al medio ambiente y a la población, entre ellos; gaseras, gasolineras.
Aunque, el porcentaje restante que representa la gran mayoría de giros comerciales, será atendido por los municipios.
“Deben adquirir mayor capacidad de decisión en la determinación de apertura de las unidades económicas en sus demarcaciones, pues con el conocimiento de las autoridades municipales respecto de sus áreas, espacios y problemáticas sociales, pueden determinar la aprobación de diversas unidades económicas que impulsen sus regiones, en términos de la propuesta legislativa, con ello se reduce de manera importante la carga de trabajo que hoy tiene el Estado”
Aclaró que aunque el proyecto de decreto elimina la figura del DUF, estas verificaciones no se dejarán de realizar, serán a través de facultades y atribuciones de las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o equivalente, y no se dejará en ningún momento de requerir por las autoridades municipales las evaluaciones técnicas necesarias para la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos en los municipios.
