Toluca/Estado de México
El diputado Margarito González Morales planteó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para castigar las agresiones y violencia en contra de instituciones y personal de salud, así como durante la prestación de servicios sociales y prácticas profesionales de pasantes.
Indican que la fuerza laboral sanitaria es uno de los mayores recursos con los que podemos contar como estado, el cual desde la prestación de los servicios sociales y de las prácticas profesionales coadyuvan a la cobertura del Sistema Nacional de Salud, la cual representa poco más del seis por ciento de este personal en formación.
Dio a conocer que la violencia ejercida contra el personal sanitario es irracional, pues muchas veces prestan servicios en comunidades remotas o acaparadas por el crimen organizado, espacios insalubres y sin acceso a tecnologías de la información, situación que los ha hecho desistir de estas actividades.
Dijo que se ha institucionalizado una forma de violencia “consensuada”, como parte de la formación del recurso humano en salud para lograr pertenecer a este gremio, desde la prestación de los servicios sociales, las prácticas profesionales, con especial observancia a las residencias médicas.
“Los pasantes tienen que lidiar con otra cultura, otra lengua, encima soportan malos tratos del personal y de los usuarios, se les imponen tareas imposibles de realizar, aunado a extenuantes horarios y sin posibilidad de quejarse por miedo a ser despedidos o prescindir de ellos y ellas”, señaló.
De la misma forma, dijo que los profesionales de la salud tienen muy poca seguridad para la realización de su trabajo y muy baja capacidad de atención en situaciones de acoso y hostigamiento ya sea laboral o sexual.
Además, agregó que casi el 95 por ciento de las agresiones a médicos, enfermeras y a todo el personal hospitalario en el país permanecen impunes, de 47 casos de agresiones registradas en 22 entidades, solo en tres de éstas las personas indiciadas por esas conductas han sido detenidas y vinculadas a proceso.
Es por lo que la propuesta establece que quien ejecute ultrajes en contra de instituciones de salud se le impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 60 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Cuando esta conducta se cometa en contra de personal sanitario se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de 60 a 150 veces el valor diario de la UMA.
En los casos de ultraje a instituciones de salud y personal sanitario la investigación será perseguida de oficio. Asimismo, se incluye también a la o el encargado de personal médico, sanitario y en formación, que ejerza violencia laboral en contra del personal a su cargo o, en su caso, haya omitido prestar auxilios cuando el personal a su cargo haya sido víctima de algún delito por motivo de su labor.
