Integrantes del Consejo Ciudadano y de Familiares de Personas Desaparecidas denunciaron ante la Legislatura Local el uso indebido de recursos, corrupción y abuso por parte de la coordinadora del órgano colegiado, Ana Laura Curiel Armenta y Jacobo Alcaraz Gil, secretario técnico, pues debido a las lagunas en la legislación, dicen, han podido hacer el uso faccioso de los recursos, empañando el trabajo de los buscadores de personas.
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Valentina Peralta, una de las 13 consejeras, informó que este martes, seis inconformes sostuvieron una reunión con las diputadas Karina Labastida (Morena), Paola Jiménez (PRI) e Isabel Sánchez Holguín (PRI) ante quienes expusieron las denuncias y con las que acordaron en breve un encuentro con el titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, con la finalidad de revisar las condiciones en que opera el consejo e iniciar los cambios pertinentes.
En entrevista, dijo que actualmente hay activos solo nueve de los 13 integrantes del Consejo, pues uno se dio de baja, tres más no asisten con regularidad a las sesiones, mientras que en la última reunión por zoom el pasado 24 de marzo, seis de los integrantes votaron a favor de la destitución de la coordinadora, tras comprobar los actos ilícitos que ha cometido.
Relató que la coordinadora ha solicitado, desde papelería hasta recursos, bajo la justificación de búsquedas y visitas a instituciones públicas que no fueron documentadas, además utilizó parte del presupuesto asignado a este Consejo para una reunión con los titulares de instituciones, que implicó un gasto de 7 mil pesos en viáticos.
"Las cosas han llegado a un grado desequilibrado por mantener el poder, porque hasta inició denuncias ante la Fiscalía General de Justicia en contra de seis de los integrantes del Consejo por supuesto uso de papelería oficial", añadió.
Dijo que el compromiso con los diputados fue en breve sostener una reunión con el Secretario de Justicia, los integrantes del órgano ciudadano y familiares de personas desaparecidas, para revisar la norma y saber si alguien la ha violentado, además, adecuarla para evitar que se vuelvan a cometer actos irregulares o abusos.
Señaló que Curiel Armenta se rehúsa a dejar el cargo como coordinadora y hace uso exclusivo de las cuentas del mismo para darle cabida a un exconsejero con quien hizo amistad (Jacobo Alcaraz Gil), dejándole el control de este.
Agregó que, pese a que el Legislativo otorgó presupuesto para la operación del órgano, pues las consejeras no tienen salario, el dinero debería ser usado en gastos de traslado, pero los titulares no han comprobado para qué usaron el dinero.
Reconoció que el reglamento tiene lagunas, no obliga al consejo a rendir cuentas ni transparentar gastos, por lo que es facultad del Ejecutivo, a través de Rodrigo Espeleta, hacer esas modificaciones.
"Son una serie de atropellos al ser instrumento, abuso de los ciudadanos y el órgano mismo, que emana de la ley y necesitamos rescatarlo, blindarlo y colocar candados para que nadie lo use de forma oportunista", demandó.
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