Estado de México
Que agentes de tránsito o la autoridad que solicite el servicio de grúas y corralones sin cumplir con los requisitos, asuman el costo del servicio, propusieron diputados del Partido del Trabajo (PT) en la Legislatura mexiquense.
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En el documento se considera necesario reformar el Código Administrativo del Estado de México, donde se refiere que se asumirá el costo del servicio ante el concesionario, tras un recurso de inconformidad ante la autoridad competente, la cual contará con un plazo no mayor a 15 días hábiles para emitir la misma, posterior a la presentación de la queja o en su caso, tras una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
“Hemos sido testigos de cómo la corrupción se había estandarizado y normalizado en el ejercicio gubernamental de todos los niveles de gobierno, en donde ser parte de ella era algo común y en el Estado de México este problema no es ajeno a una realidad lejana”
En el documento informaron que, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, México pasó de ocupar la posición 130 en el año 2019 a la posición 124 en el año 2020.
“Se subieron seis lugares en el ranking del IPC y mejorando dos puntos en la calificación, al pasar de tener una calificación de 29 puntos en el año 2019 a 31 puntos 2020”
Sin embargo, en las entidades Federativas la situación es diferente, con información de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 a cargo del INEGI, en las entidades de Durango, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo, la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas; en contraste los estados de Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.
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Para el caso del Estado de México, en el año 2015, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCIG), que muestra el índice de las víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites por entidad federativa, indica que para el año 2015 este índice era de 15.9 por ciento, mientras que para el año 2019 se incrementó en 4.8 por ciento para terminar en 20.7 por ciento.
Ello se traduce en que las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes en el Estado de México, cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, tránsito o de justicia, ya sea por cometer algunas faltas a la moral o administrativas o alguna infracción para denunciar la ocurrencia de un delito o para denunciar algún delito.
“Esto nos hace llegar a la conclusión que la corrupción en nuestra entidad, de manera lamentable, está extendida a muchos sectores, principalmente en el gubernamental; en diversas áreas y órdenes del mismo, y para muestra de ello es lo que sucede en con los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos”.
En el documento se precisa que de acuerdo a información extraoficial se cuenta con que 95 por ciento de los prestadores de servicios de grúas y corralones carecen de permisos vigentes y, en su caso, concesiones; las cuales operan al amparo de algunas lagunas jurídicas existentes en del Código Administrativo del Estado de México.
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