Toluca/Estado de México
En conferencia de prensa, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM) reiteró que el deterioro de las vías de comunicación municipales y estatales afecta significativamente la economía, disminuyendo el ingreso de varios sectores como el industrial, comercial, servicios o turismo.
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Al centrarse en este punto, exigió que el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras y vialidades debe contar con un mínimo de 10 años de garantía:
“Su conservación debe ser integral porque el mal estado atenta contra el libre tránsito, la seguridad de los ciudadanos y la competitividad”.
Dada la crisis financiera derivada de la caída económica y efectos de la pandemia, los empresarios del Estado de México piden al Congreso del Estado de México descartar el aumento o creación de impuestos para el ejercicio fiscal 2023, atender temas de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, así como considerar una partida especial para la rehabilitación inmediata de las calles y caminos.
En cuestión de los impuestos, indicó que, para evitar incertidumbre y afectación directa al consumo doméstico, los diputados locales tienen que analizar no aumentar más impuestos, y por el contrario, revisar los gravámenes ya existentes.
Acerca del tema de transparencia y rendición de cuentas, González Hernández indicó que, por ley, los gobiernos municipales y el estatal están obligados a dar cuentas sobre el ejercicio del gasto público, sin embargo, cuando se realiza una solicitud suelen responder con información sesgada o afirmando, en su caso, que el recurso se empleó en tiempo y forma, por lo que:
“Exigimos que proporcionen información real y certera con datos comprobables. Que los integrantes de la Cámara de Diputados trabajen para que aquel ente público que dé información falsa sea sancionado”.
En el rubro de seguridad pública, observó que en el Estado de México ya hay pasos adelantados como el anuncio reciente de la modificación al Código Penal, no obstante, tiene que ser una realidad para una debida aplicación del modelo de justicia cívica y prevención:
“No hay que olvidar que ya está aprobado el modelo de Justicia Cívica que considera el tema de delitos menores”, los cuales deben ser sancionados bajo un esquema específico, resaltó.
Finalmente, en relación con las verificaciones, inspecciones y actos de gobierno, comentó que el número de visitas a los comercios incrementó considerablemente, y lo que se busca es que haya por parte de los legisladores una evaluación y revisión profunda de la normatividad a efectos de homologar criterios, simplificar, e impedir discrecionalidad en sanciones y clausuras por parte de la autoridad competente.
