Toluca/Estado de México
Con la finalidad de saldar la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de ataques con ácido, diputadas del PRI presentaron la Ley de Violencia Química de la Fundación Carmen Sánchez, que plantea reformas a diversos ordenamientos.
Necesario crear un acuerdo contra la violencia: PRD
En la presentación de la iniciativa, enriquecida por víctimas, sociedad civil, instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, la diputada Isabel Sánchez dijo que su participación fortalece la lucha para prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, en tanto que al Congreso le corresponde respaldarlas.
Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario del PRI, pidió hacer llegar comentarios y propuestas para llevar a cabo una mesa técnica y avanzar el análisis.
Sánchez Colín, detalló que se busca establecer las sentencias condenatorias para los agresores que actúan con toda la saña, al tratar de privar de la vida y la dignidad a las mujeres para borrar su rostro, su cuerpo y su vida, y aseguró que es tema pendiente en la entidad, del cual seguramente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez estará de acuerdo en avanzar para que las víctimas accedan a la justicia.
Elida Castelán del PRI dijo que la violencia química debe ser incluida en los marcos normativos para brindar mayor seguridad y certeza jurídica a las víctimas, con lo cual el Estado de México sería la cuarta entidad en contar con legislación en esta materia.
Mencionó que es inadmisible que actualmente no se considere como agravante de delito el uso de sustancias corrosivas, por lo que se debe enaltecer la perspectiva de género y el enfoque diferencial para visibilizar las situaciones de vulnerabilidad; y exhortó a los grupos parlamentarios a sumarse a la causa para aprobar esta iniciativa.
Carmen Sánchez, sobreviviente de este tipo de violencia, y Ximena Canseco, fundadora y cofundadora de la Fundación, respectivamente, explicaron que la iniciativa, que originalmente plantea reformas a diversos ordenamientos federales, como el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza la violencia química y propone protocolos de atención médica especializados y que los servicios de salud pública se otorguen a las víctimas de violencia química de manera gratuita, integral, adecuada, eficaz proporcional a la gravedad del daño causado.
Asimismo, plantea la creación de tribunales y fiscalías especializadas en la investigación de ataques con sustancias químicas; establecer lapsos cortos de investigación y juzgamiento de los casos; utilizar los métodos y técnicas para verificar la situación de violencia y vulnerabilidad de la víctima; realizar las diligencias especiales con visión de género que se requiere en los casos de muertes violentas de mujeres; impulsar las medidas precautorias necesarias para restaurar y garantizar la salud y la preservación de la vida de la mujer, su familia y círculo cercano.
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