Toluca/Estado de México
Los diputados del Estado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada por el partido Morena.
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Esta iniciativa surge tras una consulta con personas con discapacidad, siendo la primera vez que se considera la opinión de este sector, en respuesta a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La nueva ley revoca el decreto 258, mediante el cual se había emitido la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. Esta revocación se da por la Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 84/2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando la invalidez del mencionado decreto, debido a la falta de una consulta pública previa a la expedición de la ley, dirigida a las personas en situación de discapacidad. La acción fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La LXI Legislatura, en cumplimiento de esta resolución, realizó una consulta a personas con discapacidad, siguiendo la normativa constitucional y legal aplicable, así como los Tratados Internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad. En este proceso participaron el DIF Estado de México, el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría de Educación del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, junto con diversas organizaciones civiles.
La diputada enfatizó la necesidad de un cambio significativo en los roles de las personas con discapacidad, pasando de ser sujetos pasivos y prácticamente excluidos en la actividad pública y política, a convertirse en actores activos en los procesos de participación ciudadana, ejerciendo sus derechos y siendo visibles en la sociedad.
La nueva ley incorpora el concepto de Organizaciones de Personas con Discapacidad, dirigidas, administradas o gobernadas por personas con discapacidad. También contempla un apartado especial sobre el uso de cambiadores inclusivos y la creación del Sistema Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, integrado por dependencias y entidades del Gobierno Estatal y de los Municipios.
Asimismo, define al Instituto Mexiquense para la Discapacidad como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.
La ley también establece un programa y registro estatal de discapacidad, así como acciones relativas a las personas con discapacidad en áreas como salud y protección social, educación, trabajo y rehabilitación ocupacional, bienestar social, movilidad, tránsito y transporte, comunicaciones, facilidades arquitectónicas y urbanísticas, cultura, recreación y deporte, turismo accesible, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información.
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