Toluca/Estado de México
En una decisión tomada por mayoría de votos, la 62 Legislatura aprobó una reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, limitando la posibilidad de impugnación judicial a cambios constitucionales.
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Esta medida, debatida en el pleno del Congreso estatal, suscitó posturas encontradas entre las fuerzas políticas.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Zepeda advirtió que la reforma afecta los derechos democráticos, limitando las acciones de amparo ante decisiones constitucionales futuras.
Destacó que, en una democracia, los gobiernos son temporales y deben quedar abiertos a revisión, mientras que esta reforma compromete la capacidad de defensa de las instituciones y minorías.
En tanto que el legislador perredista Omar Ortega Álvarez, expresó su desacuerdo al afirmar que la reforma se aprobó de forma precipitada, interpretándola como un intento de "silenciar a quienes piensan diferente".
También agregó que esta modificación retira a los ciudadanos el derecho de amparo ante reformas constitucionales, además de socavar la división de poderes al restringir las facultades del Poder Judicial y Electoral.
Para el diputado Elías Rescala Jiménez, del PRI, la reforma va en contra de los principios democráticos, pues concentra el poder y afecta los derechos de diversos sectores de la población.
Rescala advirtió sobre los riesgos de una reforma que, en su opinión, desconoce los tratados internacionales de derechos humanos y afecta el equilibrio entre los poderes.
Por su parte, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, calificó la medida como un intento de "venganza" contra el Poder Judicial, resaltando que limita los derechos humanos al eliminar recursos de defensa de la ciudadanía frente a decisiones del gobierno.
En sentido contrario, el diputado morenista Octavio Martínez Vargas defendió la reforma, señalando que formaliza en la Constitución lo que ya fue aprobado en la ley de amparo en 2013.
Argumentó que esta medida fortalece la justicia en el país y es parte de la estrategia nacional para renovar el Poder Judicial, alineando al Estado de México con los cambios en el Congreso Federal.
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