Toluca/Estado de México
La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad una minuta enviada por el Senado de la República que busca fortalecer los derechos sociales fundamentales en la Constitución.
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De acuerdo con lo expuesto esta reforma garantizaría el derecho a una vivienda adecuada, una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como para adultos mayores de 65 años.
También plantea el apoyo al sector agrícola y pesquero mediante la entrega de un jornal seguro, apoyo anual y fertilizantes a gente dedicada a las actividades agropecuarias, además de un subsidio anual directo a pescadores de pequeña escala.
La diputada Ruth Salinas celebró la minuta "porque pone en el centro a sectores históricamente vulnerados como personas adultas mayores, con discapacidad, campesinas y pescadoras", sostuvo.
Destacó la necesidad de dar seguimiento a la implementación de esta política social para garantizar transparencia, responsabilidad y austeridad en el servicio público.
También presentó un video sobre una supuesta falta de austeridad por parte del actual secretario de Movilidad Daniel Sibaja y pidió realizar las investigaciones pertinentes.
En la sesión en el Congreso, el diputado Edmundo Luis Valdepeña Bastida, de Morena, se pronunció en favor de un nuevo enfoque de justicia social y consideró que esta visión responde a décadas de exclusión y represión, en las que la mayoría de las personas fueron marginadas con "manipulación política y desinformación".
En este contexto, dijo que Morena busca implementar políticas que reivindiquen a grupos históricamente vulnerados.
Una de las iniciativas más destacadas en la sesión fue presentada por le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, quien expuso una propuesta para tipificar el delito de transfeminicidio, en un esfuerzo por visibilizar y penalizar de manera específica la violencia extrema que afecta a personas trans.
La propuesta busca reconocer el impacto de esta violencia, al considerar que quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad particular, ameritan un marco jurídico diferenciado para su protección.
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