Toluca/Estado de México
Comisiones unidas del Congreso local aprobaron sanciones de hasta 16 años y 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 90 mil 515 pesos, para quien, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de mensajería, pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito.
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La iniciativa, promovida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), establece que habrá penas de hasta ocho años de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos (400 UMAs) para quien cometa este delito contra cualquier persona, pero puntualiza que las sanciones se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra quien demande apoyos extraordinarios (independientemente de que exista coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas o engaños).
La propuesta, avalada por unanimidad en comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense, añade atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal para la protección de estos sectores de la población.
El proponente recalcó que con la reforma se pone en el centro de atención a las niñas, niños y sus derechos, frente a la violencia, desigualdad, impunidad o abandono, ya que cada medida es un paso más en la consolidación de una sociedad más justa y segura, razón por la cual agradeció la colaboración de Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas de Early Institute; la sociedad civil; las asociaciones y las bancadas parlamentarias por enriquecer su propuesta.
Al respaldar la iniciativa, las legisladoras María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), Ana Yurixi Leyva Pinón (PT) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) coincidieron en que fortalecer el marco legal garantiza los derechos humanos de las personas menores y los grupos vulnerables, desde una visión de prevención y protección, considerando sanciones más severas a quienes los violenten.
La iniciativa que reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Estado de México, establece de manera clara la aplicación del principio del interés superior de la niñez en todos los delitos cometidos contra estos grupos de la población.
Además, se refuerzan las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, otorgándole un papel determinante en la valoración del perdón legal cuando las víctimas son menores de edad. Asimismo, se integran medidas para la protección inmediata de víctimas menores en coordinación con autoridades judiciales, de salud y de procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización.
De igual manera, se obliga a las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con la obligación de avisar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para la activación de medidas urgentes. También se fortalece la atención psicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del daño.
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