Toluca/Estado de México

La propuesta del PRI para que los programas sociales se inscriban en la Constitución mexiquense con el objeto de garantizar que sean permanentes, que tengan un presupuesto asegurado y que no puedan ser utilizados con fines electorales avanzó en comisiones del Congreso estatal.

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La iniciativa, presentada por el diputado Mariano Camacho a nombre del Grupo Parlamentario priista, fue discutida en sesión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Bienestar Social.

El planteamiento tricolor busca garantizar que los programas sociales sean permanentes, que tengan un presupuesto asegurado y que no puedan ser utilizados para chantajear a la ciudadanía o comprar votos en procesos electorales.

“El combate a la pobreza es una responsabilidad que debemos compartir todos los que estamos involucrados en la vida pública; la creación de programas sociales específicos para combatir la pobreza de manera frontal deben ser fortalecidos y elevados a rango constitucional”, dijo Camacho.

La iniciativa busca reformar el párrafo noveno del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de México para que los recursos destinados a estos programas sean entregados de manera oportuna y sin recortes injustificados.

Además, conscientes de la realidad de las mexiquenses, las diputadas y los diputados del PRI proponen que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan un respaldo firme y permanente, para que nunca más queden sin la protección del Estado.

En la sesión de comisiones fueron presentadas además otras cuatro iniciativas en la materia: una del Gobierno del Estado de México y tres más de diputados de otros partidos.

“Celebro que coincidamos en la esencia de cuidar los programas sociales, que tengan un crecimiento económico y un crecimiento progresivo en el número de beneficiarios y que tengan criterios que nos permitan sacar a más mexiquenses de la pobreza”, agregó Camacho.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México impulsa los programas sociales y propone que sean una realidad constitucional, que proteja a las familias y que se garantice su continuidad y crecimiento.

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