Toluca/Estado de México
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado de México, presentó este 24 de septiembre una iniciativa para prohibir y sancionar la práctica de cirugías estéticas en menores de 18 años.
El diputado proponente, Anuar Roberto Azar Figueroa, señaló que la propuesta contempla reformas al Código Administrativo y al Código Penal de la entidad, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el proyecto, se prohíbe expresamente cualquier tipo de procedimiento estético en menores, salvo en casos de carácter reconstructivo o reparador que busquen corregir malformaciones congénitas, daños por accidentes o secuelas de enfermedades graves.
Para que dichas excepciones sean válidas, se exigiría dictamen médico, evaluación psicológica y consentimiento informado de padres o tutores.
La iniciativa plantea sanciones de tres a nueve años de prisión, multas de 10 a 700 días y la suspensión de hasta 20 años en el ejercicio de la profesión para médicos o cirujanos que realicen estas intervenciones sin justificación médica.
En caso de reincidencia, se plantea que la suspensión sería definitiva; si el procedimiento causara lesiones, la pena aumentaría hasta en una mitad, y si derivara en la muerte del paciente, alcanzaría de 10 a 25 años de prisión y multas de 500 a mil días.
La bancada panista argumentó que la presión social y la influencia de redes sociales e “influencers” han incrementado el número de adolescentes que buscan someterse a cirugías estéticas, lo que representa un problema de salud pública.
Como antecedente, citaron el caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años, que falleció en Durango el pasado 20 de septiembre tras complicaciones derivadas de una cirugía estética múltiple.
La propuesta también establece la clausura de clínicas u hospitales que realicen procedimientos de este tipo sin justificación médica y la obligación de las autoridades sanitarias de dar aviso cuando se detecten estas prácticas.
En el caso de servidores públicos del sector salud que incurran en estas conductas, las penas se incrementarían hasta en una mitad y se ordenaría su destitución e inhabilitación definitiva.
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