Toluca/Estado de México
Los órganos de control interno de los municipios tienen un papel muy relevante en el recientemente creado Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, por lo que sus integrantes deben capacitarse permanentemente para manejar las disposiciones legales que lo sustentan y desarrollar la experiencia mínima que les facilite cumplir con las acciones prácticas que implican, dijo Agustín Guerrero Traspaderne, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Durante su conferencia “Responsabilidad de los Órganos de Control Interno Municipales”, ante un nutrido auditorio de servidores públicos de los municipios que atendieron la última ponencia del ciclo organizado por la Contraloría del Poder Legislativo con motivo del primer año de vigencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, Guerrero Traspaderne agregó que esta responsabilidad será mayor en cuanto entre en funciones la nueva administración federal, que ha marcado como uno de sus principales objetivos combatir la corrupción.
Con la presencia del titular de la Contraloría legislativa, Victorino Barrios Dávalos, el magistrado recordó que tales órganos internos dentro del sistema son también autoridad y tienen facultades sancionadoras de faltas menores cometidas por servidores públicos, así como el deber de dar curso a las hechos que constituyen faltas graves.
Exhortó a los servidores municipales asistentes a prestar atención especial a la formulación de las notificaciones personales que se hacen a las partes involucradas en un proceso administrativo, pues muchas veces las notificaciones mal elaboradas son causa de retraso o nulidad de éste.
Acotó que todo expediente de este tipo debe sostenerse bajo los principios que la propia legislación establece, es decir legalidad, honradez, lealtad e integridad, pero sobre todo, motivarse suficientemente para que las sanciones que se impongan sean efectivamente ejemplares y no las mínimas.
Al señalar que a la fecha sólo 22 municipios han constituido sus comités anticorrupción, se pronunció por la creación de una plataforma digital que registre a los funcionarios que hayan cometido alguna falta y por tal razón hayan sido inhabilitados, de tal manera que ningún otro gobierno local, estatal o nacional lo contrate.
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