Toluca/Estado de México
La diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo, sostuvo que es desolador el panorama de la procuración de justicia en el Estado de México y la víctima es la sociedad. “Hay miles de historias de injusticia e impunidad, que tienen su origen en la falta de preparación, responsabilidad, honestidad y compromiso con los derechos humanos que permean en los ministerios públicos y policías investigadoras”.
Durante la comparecencia del fiscal de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria morenista, dijo que ello ha provocado la desconfianza de la población provocando que 92.3 por ciento de los delitos no se denuncien, como lo indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018. Miedo a que la autoridad los extorsione, falta de confianza en ésta y la actitud hostil de los servidores públicos, frente a las víctimas del delito, las principales causas.
Le recordó que en los dos últimos ejercicios fiscales, ya con autonomía con la reforma constitucional, ha tenido ampliaciones presupuestales superiores a 26 por ciento (el presupuesto pasó de 3 mil 35 en 2016, a 3 mil 836 millones de pesos), que no se han traducido en un cambio profundo en las prácticas de investigación que realizan los ministerios públicos y la policía investigadora. “Parece que su filosofía es dejar hacer, dejar pasar”.
Delinquir en el Estado de México es un negocio muy redituable, sostuvo Labastida Sotelo, porque implica poco riesgo y mucha ganancia. Para sostener su dicho, dio a conocer las cifras de la última Encuesta sobre el Índice de Impunidad México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, que demuestra que es la entidad con el más alto índice de impunidad del país.
Añadió que sólo 8.3 por ciento de las carpetas de investigación se convierten en causas penales y, de éstas, ni el uno por ciento acaban en sentencia. Lo anterior habla de la debilidad en la integración de las carpetas de investigación por parte de los ministerios públicos y de la cadena de impunidad, que justifica que el Estado de México presente la problemática más grave en la materia en el país.
Sobre la Fiscalía General de Justicia pesa un escenario de corrupción y debilidad institucional, pues los ciudadanos consideran, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018, que la Fiscalía y sus ministerios públicos son corruptos (78 por ciento); y la policía investigadora en un porcentaje de 77.9 por ciento.
