Toluca/Estado de México
La diputada del PRD Araceli Casasola Salazar, propuso reformar la Ley del Notariado del Estado de México, eliminar de la ley del notariado, la facultad que tiene el gobernador del Estado de nombrar notarios provisionales sin que estos cumplan los requisitos previstos para todos los aspirantes.
En el documento se indica que es desproporcional entre un grupo de personas que debe cumplir con los requisitos y presentar un examen de oposición para ocupar el cargo de notario y otro grupo que elige libremente el gobernador y a quienes se exime de cumplir las exigencias de la ley.
“Lo anterior viola el derecho de igualdad, la libertad de trabajo y el derecho a acceder a cargos públicos”.
Este documento señala que una práctica recurrente para los gobernadores en turno, es usar las prerrogativas que la Ley del Notariado les otorga para nombrar los notarios en el Estado de México.
Dicha acción, se indica, ha sido cuestionada reiteradamente como un ejercicio inequitativo y desigual para los aspirantes que se han formado en el sistema de evaluación para aspirar a tal cargo.
A decir de la legisladora, los registros en los archivos de esta asamblea, dan cuenta que el 6 de septiembre de 2016 se reformaron los artículos 13 y 14 de la Ley del Notariado del Estado de México, con el fin de facultar al gobernador para designar como notarios a personas que no cumplían con los requisitos para ser aspirantes, “atendiendo al interés social y a las necesidades de la función notarial”.
Con fundamento en tal atribución, el 14 de julio de 2017, el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, designó a 12 notarios provisionales que no cumplían con los requisitos del artículo 11 de la citada ley.
Antes de la reforma reclamada, la Ley del Notariado del Estado de México establecía un procedimiento para designar notarios, a saber, la persona interesada debía cubrir determinados requisitos (que incluían, entre otros, el título de licenciado en Derecho, tiempo de experiencia, prácticas notariales, exámenes y cursos) tras los cuales podía obtener la constancia de aspirante, que a su vez le permitía participar en exámenes de oposición.
“El nombramiento relatado causó una polémica muy intensa en la opinión general y entre los aspirantes con legítimo derecho a concursar, al considerarse que el gobernador pagó favores políticos mediante el nombramiento de amigos, lo que motivó la promoción del juicio de amparo indirecto 1202/2017 en contra de la modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley del Notariado del Estado de México y sus actos de aplicación”.
