La presentación de la reforma electoral por la presidencia de la República ha detonado un debate que trasciende lo técnico, para instalarse en el corazón de la legitimidad democrática. Esta propuesta revela una tensión fundamental entre una narrativa de falsa “austeridad fiscal” y una realidad de diseño institucional que parece buscar la consolidación de un modelo hegemónico al debilitar los contrapesos y la pluralidad que tanto había costado construir en las últimas décadas.
Una reforma de esta naturaleza afecta las reglas fundamentales de acceso al poder y no debería ser una imposición unilateral. Debería darse en un proceso de diálogo respetuoso y genuino en el que los actores políticos participaran para la construcción de un proyecto de beneficio mutuo que garantizara la paz social y la integridad de las instituciones. Sin embargo, la propuesta presentada prendió una señal de alarma. De hecho, la presidenta regresó el primer borrador a la comisión presidencial y en su lugar presentó un desangelado “decálogo por la democracia”. Cuando por fin se presentó el documento, se confirmó que la propuesta ignora la experiencia de expertos y consejeros y traslada la racionalidad jurídica a la retórica política. La propuesta tiene vacíos críticos y riesgos de regresión democrática.
Cito algunos ejemplos. La elección directa de 200 diputados (antes plurinominales): 100 por listas (votadas) y 100 por “mejores perdedores”, y la eliminación de 32 senadores plurinominales, implica el debilitamiento de la representación de minorías y fragmentación del sistema de partidos; de facto, se corre el riesgo del bipartidismo. En un sistema democrático saludable, “las listas de cúpulas”, como las denomina la narrativa oficial, representan una vía para incorporar perfiles técnicos y representaciones de grupos vulnerables que difícilmente ganarían una contienda territorial en un entorno de polarización extrema. La disminución del financiamiento público del 25 % en la bolsa total de partidos tiene la implicación de hacer vulnerables a los institutos políticos ante el financiamiento ilícito y la asfixia operativa de los partidos pequeños.
El etiquetado obligatorio de propaganda con inteligencia artificial y la prohibición de bots implican riesgo de censura y control gubernamental del discurso digital bajo el pretexto de regulación. La fiscalización de los reportes financieros diarios y supervisión en tiempo real por el INE involucra una exigencia administrativa desproporcionada sin sanción efectiva al financiamiento criminal. Resulta mucho más desproporcionada si consideramos que también se pretende disminuir recursos a los órganos electorales.
Otra de las falacias más recurrentes de la 4T es que las elecciones en México son las más caras del mundo. Esta afirmación es una simplificación que ignora la complejidad técnica y la historia de desconfianzas que ha modelado nuestro sistema electoral. El presupuesto del INE se estima en 0.5 % del PIB. Con los recursos asignados no solo financia la organización de los comicios, sostiene la operación del padrón electoral y la emisión de la credencial para votar con fotografía, documento de identidad por excelencia en México.
Adicionalmente, las democracias consolidadas como Austria otorgan un subsidio estatal por votante de $16.5 dólares americanos y los partidos tienen una alta dependencia de este financiamiento. En Francia les otorgan $14.9 por votante, con una regulación estricta de campañas y subsidios directos. Suecia proporciona $12.1, en un sistema de partidos basado en la representación proporcional pura. En México, el costo asciende a $3.3, incluidos costos de identidad ciudadana y fiscalización extrema. En Alemania se otorga $2.0, en un modelo mixto con fuerte regulación de donaciones privadas. Y, finalmente, en los EE. UU. les entregan $0.2 porque es un sistema donde predomina (casi de forma total) el financiamiento privado.
La omisión más grave y preocupante de la reforma es la ausencia de mecanismos reales y sanciones contundentes para frenar la infiltración del crimen organizado en la política. Mientras la presidenta enfatiza el ahorro de dinero, el país enfrenta una crisis de seguridad que se refleja en que los grupos criminales deciden candidaturas y triunfos a través de violencia o financiamiento oculto. Este tema, sospechosamente, no aparece en la encuesta que dice que aplicó, en la que, supuestamente, los mexicanos están de acuerdo con su reforma.
La reducción del financiamiento público, en un contexto de control territorial por el narcotráfico, actúa como un incentivo perverso. Al cerrar la llave de los recursos legales, los candidatos locales quedan a merced de quienes ofrecen dinero en efectivo a cambio de impunidad o control sobre obra pública y las fuerzas de seguridad municipales.
El país no necesita una victoria de Morena sobre el INE, ni una victoria de la oposición sobre el gobierno. México necesita una victoria de la legalidad sobre la incertidumbre, de la seguridad sobre el crimen y del diálogo plural sobre el monólogo. La construcción de un proyecto donde todos ganen, incluida la sociedad, es posible si existe el coraje intelectual de sentarse a la mesa, separar a las personas de los problemas y buscar soluciones basadas en criterios objetivos de justicia y equidad. La historia juzgará a quienes prefirieron la imposición solitaria por encima de la construcción compartida. La historia recordará a quienes tengan la grandeza de construir reglas que los sobrevivan y fortalezcan instituciones.
