El gobierno de la cuarta transformación, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha emprendido una serie de reformas que revelan un patrón coherente de concentración del poder y que los organismos internacionales han documentado con alarma. Por ejemplo, V-Dem (Varieties of Democracy), en su Democracy Report 2025, clasifica a México como una “democracia electoral en zona gris” y lo agrupa entre los siete países latinoamericanos “en regresión activa”. Freedom House, en su informe Freedom in the World 2025, otorga a México apenas 59 de 100 puntos y lo coloca en la categoría “parcialmente libre”, un descenso respecto al año anterior. Reporteros Sin Fronteras sitúa a México en el lugar 122 de 180 países en libertad de prensa. Artículo 19, en su informe Estructuras de silencio (mayo de 2026), documenta que el 50% de las agresiones a periodistas en México provienen del propio Estado.
En este gobierno de claros comportamientos autoritarios, se persigue con rigor a los diferentes mientras se protege a los aliados (aunque sean delincuentes o de plano criminales). La justicia de doble vara, con la persecución a opositores que se ha documentado ampliamente, es el uso selectivo de las instituciones de justicia; el patrón es visible y documentable, cito algunos ejemplos. Maru Campos ha sido citada por la Fiscalía General de la República (FGR), por la supuesta presencia de la CIA en Chihuahua, para comparecer “en calidad de testigo”, pese a su fuero constitucional. La gobernadora respondió que se trataba de “persecución política” y que “protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”.
En contraste, en el caso Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa con licencia, militante de Morena), a quien el Departamento de los Estados Unidos acusó formalmente de relación con el crimen organizado y de recibir recursos para elecciones, la FGR declaró que “no existen datos que justifiquen una medida urgente” y, posteriormente, esa dependencia lo citó a una entrevista sin fecha definida, como respuesta a la presión creciente por la asimetría del trato. Adán Augusto López representa otro ejemplo. A pesar de sus nexos con los hermanos Bermúdez, líderes de “La Barredora”, la FGR declaró: “no se puede llamar a personas que no tienen vinculación directa”. Este personaje sigue en su cargo, sin citatorio alguno. Andrea Chávez representa un caso similar. Ha sido acusada de 15 delitos, incluidos actos anticipados de campaña, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y peculado, sin consecuencias, sin citatorio.
Por si fuera poco, anuncian legislar, en el ámbito electoral, primero, para crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas. El riesgo es fundamental: las instituciones (FGR, UIF, CNI, CNBV) que realizarían la “evaluación” (formalmente no vinculante) están bajo control del Ejecutivo federal. Podrían reportar un “riesgo razonable” sobre un candidato opositor y ocasionar daño mediático irreversible, mientras que, si reportan “sin riesgo” a un candidato morenista, lo “blanquean” institucionalmente.
Una segunda pieza de reformas legales, y quizá la más peligrosa, es la anunciada por Ricardo Monreal sobre la nulidad de elecciones federales o locales cuando se demuestre “injerencia extranjera grave, dolosa y determinante”, que incluyen financiamiento ilícito, propaganda, desinformación sistemática o manipulación digital. Qué se entenderá por cada uno de esos aspectos, claro, lo definirán personajes ligados estrechamente a Morena, quienes precisarán qué elección vale y cuál se anula a partir de criterios ideológicos y partidistas. El senador Ricardo Anaya advirtió: “aquí hay gato encerrado, hay un intento de censurar, de controlar a los medios de comunicación, de controlar lo que se publica en las redes sociales”. El exdiputado federal Fernando Belaunzarán fue más directo: “cuando pierdan en las urnas darán golpe de Estado, pretextando esa causa en un tribunal capturado”.
¿Por qué legislar contra la “injerencia extranjera”, pero no contra el financiamiento de campañas por el crimen organizado como causa de nulidad electoral? Es la pregunta central de este análisis y que Morena evita responder. La respuesta incómoda, pero evidente: porque esto los beneficia. Además, este tipo de financiamiento no pasa por el sistema bancario; ese es un problema técnico y profundo. El dinero llega en efectivo y así se gasta. Acarreo de votantes, despensas, eventos, compra directa de votos, son operaciones que se realizan con billetes en mano…
Morena conforma gobiernos autoritarios. Los datos lo confirman. Entonces, la pregunta es si las organizaciones de la sociedad civil (de hecho, la sociedad en general), los medios de comunicación independientes, la comunidad internacional y lo que queda de las instituciones autónomas tienen la voluntad y la capacidad de impedir que se quede en el poder por mucho tiempo más.
La contradicción es demasiado precisa para ser accidental: se legisla contra la “injerencia” que no los financia y se ignora la que sí. Mientras Morena construya candados mirando hacia afuera y deje la puerta abierta para el crimen organizado, cada reforma "democrática" será un paso más hacia el control total del proceso electoral. La evidencia internacional ya está sobre la mesa. Falta que alguien en México la lea en voz alta.
