Los partidos ya comenzaron a moverse rumbo a 2027, aunque la ciudadanía apenas lo perciba. Morena reparte fuerzas internas entre corrientes que disputan, más que la elección venidera, la sucesión de 2030: hay más de dos centenares de aspirantes internos midiéndose para gubernaturas y espacios legislativos, mientras la disciplina del movimiento se estira para contener ambiciones que ya no caben en un solo proyecto.
El PRI, disminuido pero no extinto, sigue debatiéndose entre reinventarse o sobrevivir como comparsa de alianzas ajenas. Y el Instituto Nacional Electoral ha comenzado a resolver el registro de nuevos partidos, lo que anuncia un mapa electoral más fragmentado, con más actores compitiendo por los mismos votos y coaliciones que tendrán que negociarse desde cero.
En ese contexto, Acción Nacional presentó hace pocos días su plataforma "111 Soluciones para México": un ejercicio que agrupa propuestas en seguridad, salud, economía, inversión y combate a la corrupción, con el argumento explícito de que el país no necesita solamente oposición, sino una opción de gobierno. El gesto es correcto en su intención: anteponer las ideas a las candidaturas, el contenido a la confrontación. Pero conviene mirarlo sin ingenuidad. El humanismo político exige revisar no solo la intención de una propuesta, sino su probable efecto sobre la vida y la dignidad de las personas.
Aquí aparece el verdadero problema de fondo: cada partido, incluidos los de oposición, arrastra sus propios grupos de poder disputándose el control interno con la mirada puesta en 2030. Esa lógica de sucesión anticipada resta energía a lo que debería ser prioritario ahora: construir una alternativa creíble para 2027. La oposición mexicana no sufre por falta de diagnósticos —sobran—, sino por su dificultad para traducirlos en una narrativa común y en liderazgos que antepongan el proyecto al ego. Mientras los cuadros dirigentes negocian posiciones, los gobiernos municipales, muchos de ellos con resultados deficientes, sin distinción de partido, siguen dejando insatisfecha a una ciudadanía que ya no cree en las siglas.
Y es ahí donde debe situarse la responsabilidad ciudadana. No basta con votar por descarte o por costumbre. La gente tiene que volverse más exigente con quienes dicen representarla: pedir propuestas verificables, exigir cuentas sobre los gobiernos ya existentes, presionar para que la política se discuta con datos y no solo con consignas. Una oposición útil no es la que grita más fuerte, sino la que escucha con atención las demandas reales —seguridad, salud, empleo, justicia— y las convierte en compromisos concretos, medibles, exigibles después del triunfo.
Por eso comparto la premisa de que las campañas deberían inclinarse más hacia las propuestas y menos hacia la confrontación. No porque la crítica al poder deba desaparecer —la vigilancia y la denuncia siguen siendo necesarias frente a cualquier gobierno—, sino porque la confrontación permanente ha demostrado su límite: polariza sin resolver, moviliza sin convencer. La ciudadanía está cansada de un discurso que solo señala culpables. Quiere gobiernos que resuelvan y oposiciones que propongan con la misma seriedad con la que gobiernan cuando tienen la oportunidad.
Algunas recomendaciones
- Exigir evidencia, no solo promesas. Toda propuesta debería acompañarse de indicadores claros de éxito o fracaso, verificables por la ciudadanía y no solo por el partido que la presenta.
- Separar la disputa interna de la oferta pública. Los partidos deben resolver sus luchas de sucesión sin que ello posponga o diluya la construcción de una plataforma común de cara a la elección inmediata.
- Priorizar el gobierno local como prueba de coherencia. Antes de prometer a nivel nacional, cada instituto político debería mostrar resultados tangibles donde ya gobierna.
- Fomentar un debate público basado en datos. La ciudadanía y los medios deberían insistir en comparar propuestas con evidencia, no solo con eslóganes o promesas de campaña.
- Recompensar la propuesta sobre la confrontación. El elector informado tiene la posibilidad —y la responsabilidad— de castigar en las urnas el discurso vacío y premiar el compromiso concreto, venga de donde venga.
La alternancia no se construye solo derrotando a un gobierno; se construye ofreciendo algo mejor y sosteniéndolo con hechos. Esa es la vara con la que la ciudadanía debería medir a todos, sin excepción.
