En los últimos años, la figura jurídica de los “daños punitivos” se encuentra en construcción, pues ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en resoluciones judiciales, debates académicos y medios de comunicación en México.
Aunque para muchas personas el término puede sonar técnico o lejano, en realidad se relaciona con una pregunta sencilla: ¿qué debe hacer la ley cuando alguien causa un daño grave y actúa con desprecio hacia los derechos de otra persona?
Tradicionalmente, el derecho mexicano ha entendido que quien provoca un daño debe repararlo. Esto significa compensar a la víctima para restituir, en la medida de lo posible, aquello que perdió: patrimonio, salud, tranquilidad emocional o dignidad. La finalidad principal siempre ha sido reparar, no castigar.
Sin embargo, existen casos en los que la conducta del responsable no solo causa un daño, sino que además refleja negligencia extrema, abuso de poder, indiferencia grave o incluso una actuación deliberada. Frente a este tipo de conductas surge la idea de los daños punitivos.
La idea de la figura de los daños punitivos surgió en Estados Unidos bajo la figura del “tort law”. A diferencia de la indemnización tradicional, no buscan únicamente compensar a la víctima, sino también sancionar civilmente al responsable y prevenir que conductas semejantes vuelvan a repetirse.
En México, esta figura no se encuentra regulada de manera expresa en las legislaciones; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos precedentes —amparos 30/2013 y 358/2022— la posibilidad de que, al cuantificar el daño moral, la persona juzgadora considere elementos relacionados con la gravedad de la conducta y la necesidad de generar un efecto preventivo.
Esto ha llevado a que algunos tribunales hablen de “daños punitivos” o “daños ejemplificativos”, especialmente en asuntos donde existe una afectación grave a la dignidad humana, a la integridad o a otros derechos fundamentales.
No obstante, es importante aclarar que en México esta figura tiene límites. La propia Suprema Corte ha señalado que los daños punitivos no forman parte de la reparación integral del daño en materia de violaciones a derechos humanos, ya que su finalidad es distinta. Mientras la reparación integral busca resarcir a la víctima, los daños punitivos persiguen, de alguna forma, castigar y prevenir conductas especialmente reprochables.
También se ha sostenido que los daños punitivos son distintos al daño moral y que, por tanto, deben reclamarse expresamente y justificarse de manera específica en un juicio.
Tal concepto podemos ejemplificarlo con una empresa que, sabiendo que un producto o servicio representa un riesgo serio para los consumidores, decide seguir comercializándolo para evitar pérdidas económicas. Si una persona resulta afectada, la reparación ordinaria cubriría el daño causado. Pero si se acredita que la conducta fue consciente, irresponsable o particularmente grave, la persona juzgadora podría considerar que la indemnización también debe tener un efecto punitivo.
Desde luego, esto ha generado opiniones contrarias. Quienes apoyan esta figura consideran que puede frenar abusos de empresas, instituciones o particulares, especialmente cuando una simple indemnización económica resulta insuficiente frente a conductas graves. Desde esta perspectiva, los daños punitivos envían un mensaje claro: ciertas conductas no deben repetirse.
Por otro lado, hay quienes advierten riesgos, pues consideran que una aplicación excesiva podría provocar condenas desproporcionadas o generar incertidumbre jurídica.
Por último, el derecho mexicano históricamente se ha construido sobre pilares de reparación y no sobre castigos económicos civiles.
En ese orden, el debate continúa desarrollándose. Actualmente, los tribunales mexicanos avanzan hacia una visión más amplia de la tutela de los derechos humanos y de la reparación integral del daño. La jurisprudencia reciente ha insistido en que la indemnización debe ser justa, efectiva y proporcional a la afectación sufrida por la víctima.
En una sociedad democrática, el derecho no solo debe resolver conflictos, sino también transmitir valores fundamentales: respeto, dignidad y responsabilidad. Bajo esa lógica, los daños punitivos representan uno de los temas más relevantes y complejos del derecho civil contemporáneo en México.
En colaboración con Víctor Augusto Rogel Rojas.
