Es muy común escuchar a las y los trabajadores decir: “Ya no puedo demandar porque me hicieron firmar una renuncia” o “La empresa me obligó a firmar una renuncia, así que el juicio está perdido”.
Ese temor existe porque, en la mayoría de los casos, las y los trabajadores consideran que el simple hecho de haber firmado un escrito de renuncia bajo presión o amenazas basta para demostrar que decidieron dejar su empleo; sin embargo, esa idea no es correcta.
La decisión de renunciar debe provenir únicamente de la persona trabajadora, sin amenazas, presiones, engaños, intimidaciones o cualquier otra forma de coacción.
Desafortunadamente, en la práctica existen empresas que, al momento de contratar a un trabajador, le solicitan firmar hojas en blanco, documentos sin fecha o formatos de renuncia que quedan bajo su resguardo. En otros casos, cuando el patrón decide terminar la relación laboral, condiciona el pago del salario y la entrega de documentos personales a que el trabajador firme su renuncia; pero lo más preocupante es cuando amenazan al trabajador con cerrarle las puertas en otras empresas para que no encuentre otro empleo o, en el peor de los casos, dar inicio a acciones legales en su contra si no firma la renuncia. Ante estas circunstancias, las y los trabajadores terminan firmando por miedo, por necesidad económica o porque consideran que no tienen otra alternativa.
Ante ello, el Poder Judicial de la Federación ha establecido criterios muy importantes para proteger el derecho de acceso a la justicia de las personas trabajadoras, en los cuales se ha concluido que los tribunales no pueden limitarse a verificar si una renuncia contiene una firma o una huella; su obligación va más allá, pues deben analizar todas las circunstancias del caso, indicios y pruebas para determinar si realmente existió la voluntad de la persona trabajadora para dar por terminada la relación laboral.
Criterios que representan un importante avance en la protección de los derechos laborales y permiten reconocer la existencia de malas prácticas que durante muchos años han estado presentes en numerosos centros de trabajo, al ocultar, en ocasiones, el despido bajo la apariencia de una supuesta renuncia voluntaria.
Por lo cual, no basta que el patrón en un juicio presente una hoja firmada y diga que la persona trabajadora renunció, sino que, además, tiene que probar que el escrito de renuncia contiene elementos que permitan concluir que la decisión fue tomada por el trabajador.
Asimismo, la persona trabajadora solamente se encuentra obligada a aportar indicios que permitan demostrar que la renuncia fue obtenida mediante actos de coacción, intimidación física, moral o económica; por ejemplo, puede resultar relevante establecer en la demanda circunstancias tales como la firma de documentos en blanco al momento de ingresar a trabajar, la existencia de formatos de renuncia previamente elaborados, la presión ejercida por superiores jerárquicos, la negativa del patrón a permitir que el trabajador leyera el documento antes de firmarlo o cualquier otro hecho que revele un ambiente de subordinación.
Por lo que, si el trabajador afirma haber sido despedido y el patrón no logra demostrar la existencia de una renuncia libre y voluntaria, debe tenerse por cierto el despido injustificado alegado por la persona trabajadora y, en consecuencia, que el escrito de renuncia sea nulo, y con ello, que el patrón sea condenado a pagar la indemnización de tres meses de salario o a reinstalar a la parte trabajadora, según corresponda.
De esta manera, se garantiza que ninguna persona pierda sus derechos laborales por haber firmado un documento bajo presión, miedo o necesidad.
Hoy, la justicia laboral reconoce que la desigualdad existente entre trabajador y patrón puede dar lugar a prácticas indebidas y, por ello, exige una valoración mucho más cuidadosa de este tipo de pruebas. En materia laboral, la verdad no depende únicamente de una firma o de una huella.
Conocer estos derechos constituye el primer paso para ejercerlos y para recordar que ninguna persona debe renunciar a la protección que la ley le otorga únicamente por haber firmado un documento obtenido mediante presión o intimidación.
Por ello, si firmaste una renuncia porque te obligaron, te amenazaron o te hicieron creer que no tenías otra opción, es importante que sepas que ese documento no necesariamente pone fin a tus derechos. Por ello, busca asesoría en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o el Instituto Federal de Defensoría Pública.
En colaboración con Omar Ávila Castillo.
