El Estado de México redujo 30 por ciento el delito de secuestro; del primero de enero al 3 de noviembre de 2016 hubo 216 eventos y en el mismo periodo de 2017 suman 144 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La Procuraduría General de la República (PGR), en 2016 reportó 188 y en 2017 suman 132; es decir en el fuero común y en el federal hay una disminución de este tipo de delito.
Con base en las últimas estadísticas del INEGI, la cifra negra es elevada pero igual ocurre a nivel nacional, donde creció el porcentaje a diferencia de la entidad que mantuvo la estadística, “nosotros tenemos 17 millones de habitantes y significa que se recibe mayor cantidad de denuncias”, dio a conocer el fiscal general de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez.
“Por su naturaleza, agregó, se trata de un delito penal con una cifra negra importante; de ahí el llamado a la ciudadanía para que las víctimas se acerquen y hagan las denuncias correspondientes con la certeza de que los delincuentes ya están vinculados a proceso o ya están presos en los penales correspondientes”.
Informó además sobre la detención de una banda de 15 secuestradores que operaban en la Zona Oriente, y otra de cuatro integrantes en el área de Toluca, Metepec y Lerma, responsables del secuestro y homicidio del empresario José Antonio R. Kuri hallado sin vida el 24 de septiembre en Toluca.
Indicó que hasta el momento saben de dos personas prófugas, quienes están vinculados con los integrantes de esta banda y participaron en otro secuestro.
Indicó que detectaron la relación entre estos sujetos y casas de juego en las inmediaciones de los municipios referidos donde operaban, “en estos casos siempre hay una persona cercana que pone las condiciones para el secuestro, pero en este caso se trataba de posibles empleados de los lugares de apuestas, quienes planearon el plagio”.
Explicó que con base en el corte del 3 de noviembre, hay una reducción de 33 por ciento en este tipo de delito, además de 316 detenidos vinculados a proceso y un incremento de 17 por ciento en las carpetas vinculadas a proceso, así como 20 por ciento en las sentencias condenatorias obtenidas, colocando a la entidad en la posición nueve a nivel nacional tomando como base la tasa por cada 100 mil habitantes.
