Liliana Karina Guadarrama, representante de la organización Más Vida Más Igualdad aseguró que en la entidad actualmente hay 23 mil 709 carpetas abiertas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de las que al menos 50% quedarán impunes, canceladas o serán ignoradas.
Afirmó que en la entidad ha incrementado la violencia hasta en 30%, además dijo que en el país en los últimos 12 años se reportaron 30 mil asesinatos anuales, de los que 8.5% son feminicidios.
Aunado a ello aumentó la cifra de abuso sexual infantil, la extorsión, toda vez que la impunidad, la falta de eficacia por parte de las autoridades y la revictimización de las personas, son factores cruciales para el aumento de este contexto.
Refirió que, de acuerdo con el semáforo de violencia, la mayor parte de las demarcaciones están en semáforo rojo, mientras que en el Valle de Toluca prevalece la violencia familiar, lesiones, robo a casa, extorsión, feminicidio y homicidio.
Rechazó que la pandemia sea la causa, pues si bien fue una emergencia que obligó a permanecer encerrados, la realidad es que solo exaltó lo que se vive en los hogares, la falta de valores, la inseguridad, la normalización de la violencia, indiferencia social, desintegración familiar, ausencia de los padres, desempleo y falta de recursos económicos.
"La pandemia es un acontecimiento que nos vino a revelar que tenemos carencia como sociedad, falta de tolerancia, de respeto y empatía, además de una grave convivencia familia. No podemos tener una convivencia de este tipo, eso ha detonado la violencia", recalcó.
Por su parte, Eduardo Jaramillo Rodríguez, presidente del Consejo Ciudadano Académico para la Calidad Pública presentó la organización Más Vida Más Igualdad que brinda acompañamiento a víctimas de agresión sexual, a los familiares de víctimas de feminicidio y otras víctimas de delitos.
Dijo que ayer presentaron al fiscal Alejandro Gómez Sánchez, una propuesta para integrar una mesa de trabajo interinstitucional, con participación específica y concreta de la sociedad civil organizada para profesionalizar el servicio de los Ministerios Públicos.
"Es lamentable que el protocolo no se siga conforme las normas lo disponen u en lugar de ayudar a las víctimas, empeora la situación de las víctimas", agregó.
Señalaron que es insuficiente la forma como son atendidas las víctimas de violencia en la Fiscalía de Justicia, toda vez que los ministerios públicos y el resto de las autoridades no se encuentran capacitados.
Mientras que la psicóloga Anabel Sánchez Pozos, dijo que desde hace dos años trabaja con la asociación entre quienes han encontrado personas con graves problemas emocionales, por ejemplo, la frustración tras la ruptura de la economía familiar, al perder empleo y en su caso recibir salarios a medias. "no puedo cubrir mis necesidades, agredo a quien tengo cerca".
