Toluca/Estado de México
El 19 de julio del 2022, Pablo, un menor de ocho años, fue sustraído del Centro de Convivencia Familiar en Toluca, desde entonces, los abuelos maternos del menor, quienes lo tenían bajo su cuidado, no saben nada sobre él. Esta mañana, bloquean las calles de Bravo y Lerdo demandando justicia y que el magistrado Ricardo Sodi Cuellar intervenga, pues presumen inequidad por parte de la jueza Ivette de la O, a cargo del juicio de custodia.
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José Luis Bueno y Ramírez de Arellano, tío del menor, explicó que Edgar, el padre del menor, no se había hecho cargo del niño en siete años, y que pese a las pruebas periciales, en las que el niño se rehusó a vivir con su padre, pues no lo conoce, la jueza decidió que su papá podría llevarlo a casa consigo.
La madre de Pablo, Karla Yessica, murió meses después de dar a luz al pequeño, quedando la custodia absoluta en las manos de los abuelos maternos. Tras siete embarazos fallidos debido al lupus que padecía, Pablo fue el único bebé que logró vivir y durante siete años y 11 meses los abuelos maternos fueron los encargados de los alimentos, educación, entretenimiento y la manutención absoluta del menor. Edgar "N", padre del menor, solo realizaba las visitas que el juzgado había determinado cada 15 días en el Centro de Convivencia del Estado de México.
El 19 de julio, mientras se llevaba a cabo esta visita, Edgar "N", en compañía de policías ministeriales y el secretario del juzgado familiar, sin previa notificación a los abuelos maternos, realizaron el operativo para sustraer al menor con solo un acuerdo y no una sentencia que soportara tal determinación.
Es así como esta mañana, familiares y amigos de la familia Bueno y Ramírez de Arellano se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir al titular del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, que revise las inconsistencias que tiene el caso y la intervención irregular de Alondra Ivette De la O González, Juez Supernumeraria adscrita al juzgado familiar del distrito judicial de Toluca.
La juez fue la encargada de emitir un acuerdo inconstitucional por medio del cual ilegalmente se revocó la guardia y custodia a los abuelos del menor.
Por su parte, el PJEM informó que el niño vivía con sus abuelos maternos desde bebé, después del fallecimiento de su mamá y no permitían la convivencia del padre con su hijo, a pesar de las múltiples determinaciones judiciales de que lo dejaran verle.
Por tanto, una jueza familiar determinó la custodia provisional al papá, privilegiando el lazo paterno filial y subrayó el Poder Judicial mexiquense que las determinaciones de los juzgadores se cumplen, por lo que el 19 de julio se llevó a cabo una diligencia que dio cumplimiento al cambio de guarda y custodia, que por 8 años habían tenido los abuelos.
Es así como la entrega del menor se realizó en operativo conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debido a que los abuelos tenían dispuesto un despliegue de seguridad privada para evitar se llevara a cabo, lo cual no fue obstáculo para que la determinación de la juzgadora se cumpliera.
Finalmente, dijo el Poder Judicial, la entrega del niño se realizó al padre, atendidas las condiciones psicológicas y físicas para salvaguardar al menor que ahora ya está con su papá, además, recordó que el PJEM cuida y atiende el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
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