Toluca
Fernando Ríos, ex policía de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaria de de Seguridad del Estado de México, informó que los 174 elementos dados de baja de la SSEM pretenden demostrar que fueron despedidos de forma injustificada, limpiar su nombre y la restitución de sus plazas laborales.
Alegó que “somos personas que salimos al día, no sólo me dañan a mí sino a mi esposa e hijos”.
Afirmó qué hay un sistema en donde se almacena la información y en dónde deben estar capturados los informes semanales que generaron cada uno de los elementos, “con eso podemos demostrar que sí trabajamos y que es falsa la información que dieron a conocer sobre que generamos poca información y eso demuestra que tuvimos un desempeño mediocre o nulo”.
Por lo anterior, acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa con la finalidad de continuar con el trámite necesario para poder emprender el juicio por despido injustificado.
Relató que desde el Miércoles de la semana pasada fueron citados 60 elementos vía WhatsApp para acudir a las instalaciones con su credencial de elector, aunque por la noche anterior a la cita corrió el rumor sobre su despido.
Al otro día, en el Instituto Mexiquense pidieron llenar una lista de asistencia y tomaron fotos a las credenciales del INE.
Les pidieron firmar unos documentos sin leerlos, pero la mayoría se negó pues se dieron cuenta de su despido por una supuesta falta cometida.
“Nos dijeron que firmando o no ya estábamos despedidos y llegaron 40 elementos de la Fuerza Especial armados, quienes nos sacaron del instituto, pero nos dijeron que supuestamente cometimos fallas, de entrada una instrucción de la licenciada Betzaida Guadalupe Medina y José Francisco”.
Al parecer era un informe de actividades relevantes anual y el argumento fue que la orden fue colocada en estrados dentro de la Unidad de Análisis, pero argumentan que no la vieron porque son personal de campo adscritos a los 125 municipios.
Sin embargo, acudían sólo a las instalaciones cuando eran citados para asistir y las órdenes eran entregadas via Whatsapp o mediante otros mecanismos.
“El despido fue por un trámite administrativo que no nos correspondía porque somos personal operativo con plaza de policía, no estábamos en una oficina, no estábamos frente a una computadora”.
Cada policía, dijo, gana 5 mil pesos al mes, por lo que negó que cuesten millones de pesos a la dependencia, como argumentó la dependencia al justificar la baja de los 174 policias.
“Desconozco si el presupuesto que estaba asignado a la dependencia era de millones de pesos porque a nosotros sólo nos asignaban un vehículo, la comunicación y otras cosas la pagábamos nosotros”.
