Toluca/Estado de México
En acciones distintas, agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión contra cuatro individuos investigados por su probable intervención en los delitos de violación y abuso sexual, por hechos registrados en los municipios de Tecámac, Jilotzingo, Huixquilucan y Toluca.
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En uno de los casos, personal de la FGJEM y de la SSPC federal aprehendieron a Jordi “N”, quien el 17 de febrero de 2023 habría agredido sexualmente a una adolescente de 16 años, en un inmueble de la colonia Centro, en el municipio de Tecámac.
Los elementos del orden aprehendieron además a Pafnuncio “N”, señalado por su probable intervención en el delito de violación en agravio de una joven de 20 años, hechos ocurridos en el año 2017, cuando habría agredido sexualmente a la víctima en un domicilio del municipio de Jilotzingo.
Por otro lado, en acción conjunta de la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, fue detenido en cumplimento de orden de aprehensión a Manuel Augusto “N”, investigado por su probable intervención en el ilícito de abuso sexual. El 13 de mayo del 2022, este individuo habría realizado tocamiento en el cuerpo a una niña de 12 años, en el municipio de Huixquilucan.
Finalmente, elementos de esta Institución, SSPC federal y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aprehendieron en el municipio de Toluca a Olaf Emmanuel “N”, señalado por el hecho delictivo de abuso sexual en agravio de una víctima de 12 años, a quien habría realizado tocamientos el pasado 30 de julio de 2022, en un domicilio de la capital mexiquense.
En los casos referidos fueron iniciadas las investigaciones correspondientes y llevados a cabo actos de investigación de gabinete y campo que permitieron identificar y detener a los probables implicados, contra quienes fue solicitada librar orden de aprehensión en su contra.
Tras ser aprehendidos, fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, a disposición de la Autoridad Judicial, quien habrá de determinar su situación jurídica, sin embargo, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
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