Toluca/Estado de México
Familiares de los 10 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México, detenidos por su presunta participación en la venta ilegal de plazas, se manifestaron este lunes frente al Poder Judicial del Estado de México para exigir un juicio justo y que las investigaciones alcancen a quienes, aseguran, realmente autorizaban las plazas.
Familiares rechazan que los detenidos autorizaran plazas
Durante la movilización sostuvieron que los imputados son capturistas y oficinistas, no funcionarios con facultades para asignar plazas, además de que pertenecen a familias de clase media baja, por lo que consideran desproporcionadas las acusaciones en su contra.
“Agarraron gente, los acusan de venta de plazas, ellos no tenían el poder de hacer uso de una plaza, son oficinistas, capturistas. Esas órdenes venían de sus jefes, de arriba; ellos nada más capturaban, pero ellos no autorizaban, entonces los acusan de vender las plazas”, expresó Ramón, tío de uno de los detenidos.
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Así ocurrieron las detenciones en la SECTI
Los manifestantes recordaron que las detenciones ocurrieron el pasado miércoles 24 de junio. Ese mismo día, por la mañana, fue detenido Daniel Arturo Gómez López, quien se desempeñaba como encargado de la Delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica del Estado de México y anteriormente ocupó la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Posteriormente fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Horas más tarde, a las 4:40 de la tarde, fueron detenidos en las oficinas de la delegación, ubicadas en Avenida José María Morelos y Pavón esquina con Felipe Villanueva: Fernando Martínez, Fernando Vences, Anel, Erika, Alan, Jorge Guadarrama, Orlando, Yuritzi, Norma y Óscar López.
Denuncian presuntas irregularidades durante el operativo
Los familiares denunciaron que según testigos los diez trabajadores fueron detenidos de manera arbitraria, pues, afirman, nunca les fueron leídos sus derechos antes de ser trasladados directamente al penal. Añadieron que alrededor de las 8:30 de la noche las autoridades realizaron cateos en algunos de sus domicilios con el argumento de ejecutar las detenciones, pese a que los imputados ya se encontraban bajo custodia.
“Esto ya se volvió político, porque no quieren agarrar a los verdaderos culpables. Exigimos que investiguen y agarren a los verdaderos culpables, queremos que les hagan un juicio justo. A los que detuvieron los señalan por millones de pesos, pero pueden investigar a cualquiera de ellos; son todos clase media baja, no tienen cuentas en el banco ni de medio millón de pesos”, señaló otro de los familiares presentes en la manifestación.
Investigación por más de 300 plazas y un daño superior a 600 millones de pesos
Los detenidos enfrentan imputaciones por la presunta venta de plazas dentro de una investigación que involucra más de 300 plazas y un posible daño económico superior a los 600 millones de pesos, por hechos que presuntamente ocurrieron durante casi seis años.
La primera audiencia se realizó el pasado sábado, 27 de junio y se prolongó por más de 11 horas; familiares y abogados aseguran que el sentido de la resolución cambió al final de la diligencia. Este lunes se desarrolla una segunda audiencia en los juzgados de Almoloya de Juárez, donde se definirá la situación jurídica de los imputados.
En el exterior del recinto judicial también permanece un grupo de familiares, quienes mantienen una manifestación para exigir un juicio justo y que las investigaciones alcancen a los verdaderos responsables del presunto esquema de venta de plazas.
Datos
¿Por qué fueron detenidos los trabajadores administrativos de la SECTI?
Son investigados por su presunta participación en un esquema de venta ilegal de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.
¿Qué consecuencias podría tener esta investigación?
La carpeta de investigación contempla la presunta comercialización de más de 300 plazas y un posible daño económico superior a 600 millones de pesos, por lo que la autoridad determinará la responsabilidad de los imputados.
¿Qué exigen los familiares de los detenidos?
Solicitan un juicio justo, que se respeten los derechos de los imputados y que las investigaciones también alcancen a quienes presuntamente autorizaban la asignación de plazas.
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