Toluca/Estado de México
El presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza rechazó que el ordenamiento para reponer el juicio de Ramón Martínez García alias “El Lagarto”, implique su liberación y tampoco la violación de los derechos humanos de la víctima de violación a una pasajera de un camión de ETN, que en 2016 se dirigía de la Ciudad de México a San Luis Potosí, delito por el que fue sentenciado a 112 años de prisión.
Lo anterior, luego de que un juez revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, debido a que la juez que inició el procedimiento no fue la misma que lo culminó y dictó el resolutivo, el Tribunal de Alzada del Poder Judicial mexiquense ordenó cumplir con la resolución del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, con el fin de respetar el “principio de inmediación” que, por ley establece la obligación de que el juez ante quien se desahoguen todas las pruebas sea quien dicte la sentencia respectiva.
Sergio Javier Medina Peñaloza, informó que repondrán el proceso, pero “en ningún momento afecta los derechos de la víctima, no se libera a la persona, por el tipo de delitos que se cometieron permanecerá en prisión preventiva”.
Explicó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) radicada el primero de junio aplicó para este caso, pues la dinámica del trabajo judicial se integró bajo ciertas normas donde posibilitaba el cambio de jueces, pero recientemente -cuando ya se habían desahogado muchas de las pruebas de este juicio -, fue cuando se emitió el criterio de la jurisprudencia.
“Por eso los magistrados encargados de la revisión de estos asuntos, para evitar perjuicio posterior para las víctimas, como demoras innecesarias después de juicio de amparo, es como tienen a bien regularizarlo, aplicando esta reciente jurisprudencia”, detalló.
Acerca del número de casos que estarían en este supuesto dijo que además de este existen otros que deben ser analizados, pero no dio una cifra exacta. Aunque, afirmó que primordialmente preservan los derechos humanos, como la parte más importante para el Poder Judicial.
Sobre la posibilidad de que sea reducida la condena del imputado, respondió que “es muy difícil”, aunque hace falta reunir “bien las pruebas; sin embargo, ya hay un criterio”, de modo que algunos procedimientos responden solo al proceso.
Respecto del reclamo de Rosa Margarita Ortíz Macías, quien alegó que el nuevo sistema judicial únicamente favorece a los delincuentes y se olvida de las víctimas, rechazó que sea de esa forma, pues por el delito que cometió su atacante sigue en prisión preventiva hasta la última resolución judicial, “en ese sentido no hay perjuicio para ella ni otras víctimas”.
“No hay ningún riesgo para la sociedad y lo que hace el criterio de la Sala es respetar el debido proceso, porque no tendrán que regresar a declarar las víctimas “, aclaró.
Agregó que el TSJEM se adelantó y realizó una organización administrativa para cumplir con los criterios, porque hay una gran cantidad de asuntos tramitados bajo el viejo modelo, de modo que no haya problemas más graves para los involucrados.
