Ecatepec/Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) está obligada a llegar al fondo en el caso de los feminicidas, Juan Carlos “N” y Martha Patricia, y no quedarse en la captura y condena de ambos por los asesinatos de unas 20 mujeres, según la declaración ministerial del primero, porque “hay mucha insistencia en desacreditar una posible acción concertada y muchas inconsistencias en torno del asunto”.
En esos términos se expresó David Mancera Figueroa, presidente de la ONG “Solidaridad con las Familias”, quien desde hace varios años ha venido denunciando una red de trata de personas en lo que él ha llamado el “corredor de la muerte”, integrado por los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Tultitlán, y su labor ha permitido esclarecer feminicidios y la captura de un ex militar, Erick San Juan Palafox (febrero del 2014), condenado a 70 años de prisión por el homicidio de Bianca Barrón.
Según las autoridades, el “Mili” dirigía una red de prostitución forzada de menores de edad, a la que se vinculó con los raptos y homicidios de Bianca, Abril Selena Calviño Rodríguez, Lucía Joselín Robles Sánchez, Jennifer Velázquez Navarro y Arisbeth Sánchez.
“Yo no me trago ese cuento de que a Juan Carlos “N” lo vestían de mujer cuando era pequeño y por ello desarrolló un odio contra las mujeres; tampoco de que vendía los huesos, de que ningún vecino escuchó nada ni percibió el olor a carne podrida; es extraño que nadie haya visto entrar a las víctimas y más extraño no verlas salir”, dijo Mancera Figueroa.
Expresó que por todos los medios las autoridades quieren presentar a Juan Carlos “N” y a su pareja en forma distorsionada. “Primero dijeron que era un loco, luego un monstruo, luego un chacal, después un sicópata; los monstruos de Jardines de Morelos; le dieron rango de militar y ahora de santero… ¿qué más?”.
“Esto apunta a una estrategia para intentar desacreditar una posible acción concertada dirigida a la trata de personas con fines de venta de órganos, y Juan Carlos “N” y Martha Patricia serían sólo la punta del iceberg”, destacó el activista, quien hasta ayer estuvo acompañando a la madre de Nancy Nohemí Huitrón Solorio, en su búsqueda, otra de las víctimas junto con Arlet Samanta Olguín Hernández y Evelyn Rojas Matus, de los feminicidas.
“¿Por qué no se han dado a conocer las declaraciones de la mujer, sólo del presunto sicópata?”, preguntó, y resaltó que la autoridades han deslizado con toda intención la supuesta incapacidad mental de ella.
Sobre el tema, hay que decir que una tía de Arlet Samanta (una de las víctimas) y quien solicitó no revelar su identidad, sostuvo que “ella está en perfecto estado de sus facultades mentales; es una mujer muy inteligente, habla correctamente y hace varios meses, precisamente cuando desapareció mi sobrina, ella estaba embarazada”.
“Si se va a fondo, es probable que sepamos más cosas, no sólo que son sicópatas o locos”, remarcó Mancera Figueroa y dijo que conforme a la experiencia de otros casos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está presentando muchas inconsistencias en su investigación (“Al supuesto loco sólo le han acreditado un feminicidio”, afirmó).
“La están armando de tal manera que puedan darle todos los años, una vida cómoda en el reclusorio; ya ha sucedido, pero esta vez la autoridad debe dejar todo bien claro, dejarse de cosas, que por eso se están pidiendo varias renuncias, entre ellas la del mismo Fiscal Alejandro Gómez, e ir hasta donde tope”, concluyó.
Por otro lado, ayer se estableció que Arlet era inquilina del vecindario ubicado en la calle Playa de Tijuana, número 503, es decir, era vecina de sus victimarios. Los feminicidas vivían en la parte alta y la víctima en el piso inferior siguiente.
El día de su desaparición, el 25 de abril pasado, cuando su progenitora Guadalupe Hernández afirma haber encontrado a sus nietas de tres años y un año comiendo un pedazo de tamal, estaban solas; entonces a la primera le preguntó que dónde estaba su mamá, y la niña le indicó que arriba.
La mamá vio los lavaderos vacíos. Lo que no sabía era que a un costado de los mismos estaba la vivienda de los feminicidas. La autoridad lo supo meses después.
