Toluca/Estado de México
La falta de redes de apoyo es la razón principal por la que las madres privadas de su libertad en penales mexiquenses no externan a sus hijos y los mantienen viviendo con ellas en reclusión, de acuerdo al diagnóstico estadístico “Maternidades e infancias con referentes de crianza en prisiones del Estado de México”.
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Este documento, resultado de la colaboración entre el Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), señala que el 86.7% de las mujeres privadas de la libertad son madres y el 6.6% de las mujeres manifiesta haber tenido hijas o hijos viviendo con ellas en los Centros Penitenciarios y ya han sido externados, mientras que el 35.7% de las mujeres tenía a sus hijos presentes al momento de su detención.
Los datos recopilados en un mundo donde la maternidad y la prisión se entrelazan arrojaron que, 12.2% de las mujeres manifestó haber estado embarazada durante su reclusión, y el 2.6% declaró haber experimentado un aborto en el centro penitenciario.
Además, el 21.5% declaró que el padre de sus hijos también está encarcelado y que, el cuidado de los menores que viven fuera de la cárcel recae principalmente en los abuelos (49.6%), seguido por el padre (16.9%) y otros familiares (25.1%).
Las visitas familiares también presentan desafíos significativos, pues aproximadamente el 45.9% de las mujeres encarceladas reciben visitas de sus hijos, la mayoría cada 15 días.
El 9.7% manifestó tener visitas conyugales; 57% utiliza protección o método anticonceptivo; 46.75% menciona que el Centro sí proporciona gratuitamente métodos anticonceptivos. Sin embargo, el 65.9% señala que el centro penitenciario no proporciona un lugar adecuado para que los niños permanezcan durante las visitas conyugales.
La identificación de género revela que el 97.2% de las personas encarceladas se identifican como mujeres. En cuanto a su sexualidad, el 67.7% se identifica como heterosexual, el 18.9% como bisexual y el 2.0% como homosexual.
El diagnóstico estadístico, liderado por Ernesto Héctor Monroy Yurrieta y María Paulina Bernáldez Aguilar, busca examinar cómo se garantizan los derechos humanos de las infancias con referentes de crianza en prisión, con el fin de generar proyectos que promuevan estos derechos tanto dentro como fuera de las instituciones carcelarias.
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