Toluca/Estado de México
El 58% de las unidades económicas en el Estado de México operan en la informalidad, por ello el Comité Coordinador Anticorrupción del Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) firmó un convenio destinado a combatir este y otros desafíos que afectan la competitividad y el desarrollo económico de la entidad.
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Es así que, con más de 700 mil unidades económicas en el estado, regularizar este sector es fundamental para crear un entorno más competitivo y justo, tanto para empresarios como para trabajadores.
Germán Jalil, presidente del CCEM, destacó que la informalidad es una de las caras más perjudiciales de la corrupción, generando una competencia desleal que impacta negativamente en las empresas formales que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
“Este sector informal no solo evade impuestos, sino que también vulnera los derechos de los trabajadores, creando un entorno económico desigual y dificultando la competitividad de nuestro estado”, afirmó Jalil.
Dijo que el Estado de México, a pesar de ser la segunda economía más importante del país y aportar de manera significativa al Producto Interno Bruto nacional, enfrenta serios retos debido a su alta densidad poblacional y la prevalencia de la informalidad.
Además, la competitividad del estado se ve afectada, ocupando el lugar número 21 a nivel nacional, lo que refleja la necesidad urgente de implementar políticas efectivas que promuevan un entorno económico más justo y transparente.
En este contexto, el convenio firmado entre el Comité Coordinador y el CCEM aclaró que no es solo un gesto simbólico, sino una herramienta estratégica para abordar estas problemáticas.
Víctor Morales, Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que el acuerdo contempla acciones específicas en tres áreas clave: prevención, detección y sanción de la corrupción.
“El Estado de México se está posicionando como un referente nacional en la lucha contra la corrupción, y este convenio es un paso fundamental en ese camino”, subrayó Morales.
El convenio también establece la creación de mesas de trabajo integradas por las seis instituciones anticorrupción más importantes del estado, el CCEM, y otros actores estratégicos, con el objetivo de desarrollar capacidades, promover la ética y la integridad, y socializar temas anticorrupción entre la ciudadanía.
Dijo que estas mesas no solo se enfocarán en el combate a la corrupción, sino también en la promoción de la formalización económica como un pilar para mejorar la competitividad del estado.
Asimismo, aclaró que otro aspecto crucial del convenio es la implementación de encuestas de percepción de la corrupción tanto en el sector empresarial como en el público.
“Estas encuestas, junto con estudios previos como el realizado en 2022 sobre la percepción de la corrupción desde el ámbito ciudadano, permitirán elaborar un diagnóstico integral de la corrupción en el Estado de México”.
Dijo que el diagnóstico, que se presentará en diciembre de 2024, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción y será un documento clave para guiar las políticas públicas y las estrategias empresariales en los próximos años.
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