Toluca/Estado de México
La Secretaría del Trabajo del Estado de México informó que ya inició diálogos con presidentes municipales electos para que actúen con responsabilidad al momento de despedir personal, pues esto puede agravar el problema de laudos laborales que enfrenta la mayoría de los municipios.
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Norberto Morales Poblete, titular de la dependencia comentó que este tipo de adeudos genera una afectación importante en las finanzas de los municipios, por lo que la dependencia busca mitigar este problema antes del cambio de administración.
Señaló que actualmente existen cerca de 3 mil laudos laborales en ejecución, cuyo monto supera los 3 mil millones de pesos, sin embargo, advirtió que esta cifra se incrementa al considerar los más de 30 mil laudos adicionales que están en proceso en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como en los tribunales laborales.
Morales Poblete subrayó que los ayuntamientos son los más afectados por este tipo de adeudos, algunos de ellos arrastrando problemas de laudos desde 2003.
"Estamos precisamente platicando con las instancias correspondientes para que seamos responsables los gobiernos que se van y los gobiernos que llegan. Los que se van dejan basificados a un montón de compañeros generándoles derechos, y los que llegan corren a un montón. Entonces, tenemos una problemática que se incrementa", afirmó el secretario.
Para enfrentar esta situación, también comentó que se han firmado convenios con diversas instituciones públicas con el fin de reducir la deuda por laudos laborales en los que se acuerda que las instituciones destinen montos específicos para cubrir la mayor cantidad de laudos posible, con la meta de reducir la deuda en un 80% antes de que finalice la administración estatal en 2029.
"Es un tema en el que debe haber conciencia y destinar una cantidad para reducir los laudos, porque aplicar la ley también implica embargos, lo que generaría inviabilidad en algunos municipios".
El funcionario reiteró el llamado a las administraciones entrantes para que tomen decisiones responsables en cuanto al manejo de su personal, con el objetivo de evitar que el problema de los laudos continúe afectando las finanzas públicas a futuro.
